La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera que en 2015 se registraron varios ataques a la libertad de prensa y de expresión, a través de intentos de penalizar delitos contra el honor y el uso de leyes “mordaza” hacia los periodistas, entre otros, según destaca en su informe anual de estado de prensa del país presentado ayer.
Uno de los hechos señalados son los intentos de varios diputados en imponer penas de cárcel por delitos contra el honor como la calumnia, difamación e injuria, luego de que surgieran investigaciones periodísticas sobre las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios.
Entre los funcionarios que impulsaron estas reformas está el diputado Reynaldo López Cardoza, quien actualmente enfrenta un juicio abierto en una Cámara de lo Civil por presunto enriquecimiento ilícito ordenado por el pleno de la Corte Suprema.
En contraste, apuntó Serafín Valencia, presidente de la APES, en todo el mundo uno de los avances fue precisamente la despenalización de dichos delitos, que deben ser ventilados bajo la vía civil y no “mandar a la cárcel a un periodista por la crítica”.
“Viendo la actitud de los diputados en los últimos meses, en 2015, de presentar además iniciativas de penalizar el libre ejercicio de la libertad de prensa e información y luego en esa misma iniciativa presentar una especie de blindaje hacia ellos cuando han hablado de canalizar los delitos contra el honor, por ejemplo, tratar de blindarse ante la crítica que pudieran hacérseles medios de comunicación y ciudadanía”, afirmó Valencia.
Otro ejemplo de “blindaje” que dio es la Ley de Probidad, que surge tras investigaciones periodísticas sobre el incremento patrimonial de diputados y otros funcionarios.
La APES lamentó que aprobaran una ley “sin dientes” y “hecha a la medida”.
“Estas mismas leyes van por esa misma línea, de tratar de establecer un círculo de ciertos blindajes frente a la crítica que puede ser, si no afectar, pero sí generar ciertas inconformidades a los políticos”, añadió Valencia.
Otra intención de “mordaza” a los medios de comunicación que encuentran es la plasmada en el proyecto de delitos informáticos, lo cual fue resaltado por la APES, la cual sigue en estudio de la Comisión de Seguridad.
APES, que también destacó en su informe el asesinato de periodistas, ve como un ataque a la libertad de prensa que: “el presidente Salvador Sánchez Cerén responsabilizó a los medios de comunicación de sobredimensionar el problema de la violencia, con lo que se genera una guerra psicológica en la población para atemorizarla alrededor del tema de la criminalidad”.