En su presentación ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado pidieron que la CIDH exprese su preocupación al Estado salvadoreño por los desplazamientos forzados. También pidieron que se inste al Estado a reconocer la crisis.
“Uno de los grandes problemas es que el Estado no quiere reconocer que hay un problema de desplazamiento forzado, es grave. Si no reconocen esta problemática no hay políticas ni para prevenir, ni para atender a las víctimas”, sostuvo una abogada representante del IDHUCA.
Sin el reconocimiento, se vuelve difícil obtener una posición oficial que valide la historia de los salvadoreños que están solicitando refugio en otros países debido a la violencia.
Sin protección
Los pandilleros que vigilan una colonia de Soyapango le exigen a una madre que les entregue a su hija. La niña apenas está entrando a la pubertad y a la madre le puedo más la ira, porque conoce a sus verdugos desde que eran niños, y los enfrenta. Ahora toda la familia está amenazada.
“No hay otra opción, nada más que irse”, musitó la abogada del IDHUCA, como un juez que dicta sentencia.
Al consultar a la directora del Servicio Jesuita en Nicaragua, Lea Montes, si las familias atendidas recibieron apoyo del gobierno salvadoreño, responde con otra pregunta: “¿Cómo te puedo contestar eso, cuando en una comunidad la autoridad, según lo que nos cuentan, no es el Gobierno, no son las instituciones públicas, son las pandillas?”.
Para Montes la situación que está viviendo El Salvador trasciende las capacidades del gobierno. Los salvadoreños no están huyendo por comodidad o por buscar un trabajo, lo hacen porque no quieren ser asesinados.
“Si el gobierno salvadoreño no reconoce como un problema el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia, el ACNUR no puede actuar”, añadió Jaime Rivas, investigador de la Red Jesuita con Migrantes de El Salvador.
Honduras es el único gobierno de la región que ha reconocido que la situación de violencia provoca el desplazamiento forzado; por lo tanto, la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tiene una puerta más amplia para actuar.
Cáritas de El Salvador es la agencia socia de ACNUR en el país. Su director, Antonio Baños, reconoció que la agencia no está preparada para responder si la situación se desborda: “ACNUR depende de la voluntad de los gobiernos. Tiene que recibir una petición expresa del Gobierno”.
