Tres analistas de Seguridad Pública coincidieron en que el proyecto de la Ley para la Prevención, Rehabilitación y Retiro de miembros de Maras y Pandillas sería una nueva tregua pandilleril y que podría ser utilizada para una “negociación oscura” del Gobierno con esos grupos ilegales declarados como terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El diputado por ARENA y general en situación de retiro Mauricio Vargas sostuvo que el referido proyecto “es una versión renovada de una tregua, de una negociación oscura, y debajo de la alfombra, las cuales que ya estamos acostumbrados”.
Similar postura tiene el criminólogo y articulista de El Diario de Hoy Carlos Ponce, quien señala que la ley, la cual ya se encuentra en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa, “se puede prestar para abusos e incluso como herramientas de negociación dentro de una interacción como la iniciada por el gobierno de Mauricio Funes”.
Agregó que “la ley tiene un elemento sumamente problemático, y es que se le otorga una excesiva discreción al Gobierno sobre a quién decide acusar o no de los delitos asociados con la actividad pandillera”.
El exdirector de la Policía y ahora diputado por ARENA_Rodrigo Ávila dijo estar de acuerdo en condonarle a un pandillero la pertenencia a un grupo criminal al final del proceso, pero no al principio del proceso, sin que se haya comprometido legalmente a salirse de esos grupos terroristas, por de lo contrario, “esto puede ser un refugio verdaderamente de pandilleros incluso algunos pueden interpretar esto como especie de tregua bajo imperio de la ley, así lo pueden interpretar los criminales que quieran tratar de sacar ventaja de una ley de éstas”.
Cree que “hay un pecado de origen de este proyecto, porque actualmente según la resolución de la Sala de lo Constitucional, los pandilleros son terroristas por la simple pertenencia, y de hecho no podrían entrar porque ese es un delito grave, ser miembro de un grupo terrorista, entonces hay que armonizar las leyes, por eso es inaplicable de entrada”.
Por su parte, Ponce considera que las intenciones reales del Gobierno en el campo de la seguridad pública, hasta el momento, “no parecen ser genuinas”, por lo que cree que “funcionarios de Gobierno o personas ligadas al oficialismo, explotan e instrumentalizan la grave situación de seguridad con fines políticos”.
El diputado Vargas no está convencido de que la ley pueda tener éxito en las zonas con alta presencia de pandillas porque “primero se tiene que tomar el control del territorio, todo lo que caiga ahí se va a perder, asistencialismo a las pandillas y asistencialismo al dominio de los territorios”.
Y agregó que “no estamos entrando al paraíso terrenal para prevenir, no estamos para rehabilitar, no estamos ante conductas rebeldes, estamos ante conductas criminales, estas son de las cosas que en las que no le encuentro sentido, no les encuentro razón”.
Ávila cree importante tener un control de quienes podrían accesar a los programas, para ello es necesario tener un registro de los pandilleros, activos, sus colaboradores y sus familiares.