La sentencia de muerte llegó en la forma de cuatro hombres armados a la pequeña iglesia evangélica.
El pastor tenía 15 años de dedicarse a su congregación. En ella, había desarrollado programas de rehabilitación y reinserción social de pandilleros. Con su consejo, varios habían decidido cambiar de vida. Pero su incidencia comenzó a molestar a los líderes de las pandillas de las zonas cercanas su congregación. Así fue como, durante meses, llegaron las amenazas.
La tarde del 13 de noviembre de 2014, cuatro hombres llegaron en silencio y comenzaron a disparar.
Dos jóvenes fueron asesinados. Uno de ellos se había salido de la pandilla recientemente y el otro era el asistente del pastor. El religioso fue testigo de todo, pero sobrevivió y, así, comenzó su huida.
Después del ataque a la iglesia, su familia se convirtió en víctima de los desplazamientos forzados e intentó resguardarse en otro municipio.
Se fueron todos, su esposa, sus dos hijos y dos nietos.
Pero el 29 de noviembre volvieron a encontrarlos. Esta vez, atacaron a su hija de 22 años. La familia tenía una venta en el mercado Central y, pese a los riesgos, no podían dejarla cerrada porque también imperaba la necesidad de tener ingresos.
Ese día, estaban la esposa del pastor, su hija y su nieta, también las acompañaba su suegra. En el momento en que su hija había quedado sola y se disponía a beber un café, dos balazos le pasaron por la cabeza. La muchacha cayó al suelo, alcanzó a ver a dos hombres encapuchados que caminaron hacia ella y le dispararon varias veces en la espalda.
Recibió siete disparos. En medio de la conmoción, su madre logró sacarla del lugar para llevarla en un taxi al hospital Rosales.
Pero ni siquiera en el hospital más importante del país estuvo segura.
Una mujer llegó varias veces a preguntar por ella; no iba sola, la acompañaban jóvenes desconocidos para la familia.
Su madre no soportó el pánico y la sacó antes de que le dieran el alta del hospital. La joven tuvo que recuperarse encerrada en una casa de un populoso municipio del departamento de San Salvador.
Intentaron denunciar el ataque, pero los policías que los recibieron les exigieron que dijeran los nombres y los sobrenombres de quienes le habían disparado. El temor volvió a apoderarse de la madre y desistieron de buscar protección para la familia.
Nuevamente se mudaron a otro municipio.
En el expediente del caso recopilado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) está plasmado cómo la familia vivía en completa inquietud, teniendo que pasar encerrados por temor a ser encontrados.
El temor se había expandido incluso entre la feligresía del pastor, pues habían llegado a buscarlo a la iglesia después del ataque.
“Hay inquietud en toda la familia, la misma feligresía reconoce que su vida está en peligro”, se lee en uno de los documentos.
Tras meses de zozobra, la familia logró dejarlo todo y salir en busca de la tranquilidad que ya no podrían recobrar en El Salvador.
El refugio en otros países
En los últimos años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha registrado un aumento de las solicitudes de refugio de salvadoreños alrededor del mundo.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el país en el que más salvadoreños han pedido refugio durante la última década, las solicitudes comenzaron a disminuir considerablemente al tiempo que las restricciones migratorias y los riesgos de migrar al Norte aumentaron.
Mientras tantos, países del resto de Centroamérica, como Nicaragua y Costa Rica comenzaron a aparecer como opciones de refugio a partir del año 2007, según los datos del ACNUR.
En Nicaragua las solicitudes de refugio fueron tan solo 10 en el 2007. Pero para el 2014 las peticiones llegaron a ser 105. En Costa Rica las solicitudes registradas en 2007 fueron 13 y durante 2014 hubo 303 peticiones.
Entidades como la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica han relacionado el aumento de peticiones de asilo en otros países de la región con las dificultades de movilizarse a Norteamérica. Al mismo tiempo, se ha incrementado la necesidad de salir del país a causa de la violencia.
La necesidad de huir ha llevado a miles de salvadoreños a dejar o vender todas sus pertenencias para poder viajar a otros países donde puedan resguardar sus vidas.
Huyen como turistas a los países más cercanos, pero también hay una importante cantidad de casos que ha logrado movilizarse a otros continentes para pedir refugio.
En 2004, Bélgica había recibido tres casos, diez años después, las peticiones de refugio en 2014 fueron 22. También Suecia tuvo un incremento de refugiados salvadoreños. En el año 2000, las solicitudes eran 15 y para el año pasado fueron interpuestas 77 por primera vez.
El incremento de solicitudes de refugio puede evidenciarse también en la cantidad de países que han recibido las peticiones.
Según datos del portal de ACNUR, en 2004 eran 12 los países que recibieron peticiones de refugio de salvadoreños. En 2014 los países que procesaban peticiones de salvadoreños ya eran 27.
Países como Brasil, Francia, Holanda, Sudáfrica y Finlandia aparecen por primera vez en el listado.
Sin resguardo en el país
El martirio de Raquel (nombre ficticio) inició el 1 de febrero de 2012. Su hijo de 7 años desapareció cuando jugaba a pocos metros del chalet donde ella trabajaba.
Unas personas vieron al niño alejarse con una mujer que lo llevaba de la mano. La madre angustiada avisó a la policía y lo buscó por todos lados sin poder encontrarlo. Fue hasta pasadas las 10:00 de la noche, cuando el niño llegó a tocar a la puerta de la casa. Lo habían ido a dejar en un taxi. Lo único que el niño pudo decir es que quien manejaba vestía camisa roja. La tranquilidad no volvería.
El 15 de febrero la hija de 13 años de Raquel fue privada de libertad al salir de la escuela donde estudiaba séptimo grado. El 17 de febrero ella llegó a un canal de televisión para difundir el rostro de su hija y pedir ayuda para localizarla. En el canal le avisaron que acababan de encontrar un cuerpo en el río Acelhuate y la llevaron. Era su hija.
Al asesinato de su hija le siguieron varias amenazas para que no denunciara el caso, pero ella ya había pedido ayuda desde el momento en que había desaparecido su hijo menor. Tanto el niño de 7 años como su hermano de 11 años recibieron asistencia psicológica en el Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez.
Los dos niños se negaban a reconocer que su hermana había muerto. No querían expresar sus sentimientos.
Aunque en los informes psicológicos indicaban que la familia había logrado procesar el duelo, también señalaron que ya no podían vivir donde estaban y necesitaban salir del país.
“No quiero seguir así, no sé qué me pasa, no tengo deseos de nada, hablar con nadie, no sé qué me pasa, no tengo ganas de comer, me duele la cabeza”, escribía Raquel.
En casos como este, el nivel de inseguridad y desamparo al que se enfrentan las familias amenazadas por la violencia es tal, que necesitan el apoyo de entidades como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Con ese apoyo, la familia de Raquel se mantuvo casi un año buscando escondites hasta que logró salir del país. Ella temía por la seguridad de sus otros tres hijos y su madre.
Desplazados sin protección
Ante la falta de estudios adecuados sobre el fenómeno de los desplazamientos forzados por la violencia, el ACNUR encargó a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” llevar a cabo un diagnóstico sobre la caracterización de la población salvadoreña retornada con necesidades de protección.
El estudio se enfocó en las personas que habían sido deportadas desde México, para determinar cuántas se habían movilizado por la violencia.
“La gente intenta moverse internamente; pero, cuando ya es difícil esconderse por el control territorial de la pandilla, deben salir. Se dan situaciones bien difíciles, la gente se enferma. Están encerrados en casa, se ven en situaciones de estrés, de ansiedad”, expuso Jaime Rivas, investigador de la Red Jesuita con Migrantes.
Rivas expresó que en los últimos años se ha comenzado a mezclar el flujo de migrantes económicos con el de las personas que van con la ilusión de solicitar el reconocimiento como refugiados.
En el estudio citan la base de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador, que registró 23,811 personas repatriadas vía terrestre entre 2012 y 2013. Vía aérea, fueron repatriadas 41, 075 durante el mismo período.
Después de los factores económicos y la búsqueda de la reunificación familiar, la inseguridad aparece como una de las principales razones de la migración irregular hacia los Estados Unidos.
El estudio detectó que el 5.2% de las personas deportadas se había movilizado por razones de inseguridad. Pero también detectó un alza alarmante de los casos durante los primeros meses del 2014.
En los primeros tres meses de ese año hubo 3,267 repatriados, de ellos el 10.8% había salido del país huyendo de la violencia.
La mayoría de las personas entrevistadas que habían migrado por razones de inseguridad, señalaron a las pandillas como la causa de su salida.
Rivas dijo que el ACNUR ve limitado su actuar en la crisis, ya que el gobierno salvadoreño no ha reconocido el problema del desplazamiento forzado por la violencia.
Rivas expresó que también ven con mucha preocupación el retorno de las personas que huyeron por la violencia y no lograron refugio. Señaló que no pueden regresar a su lugar de origen y, a veces, están en peores condiciones económicas que cuando se fueron.
“No garantizan la seguridad de las personas para que no se vayan, mucho menos cuando regresan”, lamentó.