En los últimos cinco años, cerca de 400 familias que durante varios meses buscaron a parientes que estaban desaparecidos —y que en muchos casos los daban por muertos— los encontraron sepultados en cementerios clandestinos y pudieron recuperarlos para darles cristiana sepultura.
Sin embargo, aún hay cientos de salvadoreños que a diario viven un calvario por no saber el paradero de sus parientes, quienes se presume, fueron privados de libertad por pandilleros.
Los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) detallan que entre enero de 2010 y septiembre de 2015, se localizó 51 cementerios clandestinos en el país.
El total de víctimas recuperadas de estas fosas ilegales fue de 396, según la Unidad de Acceso a la Información, de dicha institución.
Los departamentos donde más personas enterradas ilegalmente fueron encontradas son San Salvador, La Libertad, Usulután, Santa Ana y Chalatenango.
Mientras que en Cabañas, Cuscatlán, San Miguel y La Unión, las autoridades solo hallaron a una víctima en cada departamento.
Según las autoridades, en 2010 es cuando se empezaron a descubrir más cementerios clandestinos en El Salvador. Los grupos de pandillas recurrieron a la práctica de enterrar a sus víctimas para no dejar evidencia de los delitos que cometían o para causar un sufrimiento mayor a las familias.
Entre 2012 y 2013, estos grupos delictivos pactaron una tregua y se comprometieron a reducir los homicidios.
No obstante, durante el año que duró el acuerdo, hubo un incremento de personas desaparecidas y también de cementerios clandestinos.
Uno de los lugares donde más cadáveres fueron recuperados estaba situado en la finca El Limón, del cantón Lourdes, en Colón, La Libertad.
En el mismo departamento, pero en Santa Tecla, cinco estudiantes —con edades entre 16 y 19 años— fueron hallados enterrados en una fosa de la cordillera del Bálsamo.
Las víctimas desaparecieron en junio de 2012 y un mes después, sus cuerpos fueron descubiertos desmembrados.
La mayoría de cementerios han sido hallados por la Fiscalía con el testimonio de pandilleros que están siendo procesados judicialmente y que, a cambio de beneficios penales, revelan dónde están las fosas.
En algunos casos, las víctimas son lanzadas a pozos o enterradas en fosas que han sido cavadas en los patios de predios baldíos o viviendas deshabitadas.
En 2014, Medicina Legal reveló que la mayoría de víctimas encontradas sepultadas en estos cementerios, fueron asesinadas durante la tregua entre pandillas.
Las autoridades sostienen que el 90 por ciento de las personas que se reportan desaparecidas son halladas muertas.
Decenas de familias sin saber de sus parientes
Dos meses y medio han pasado desde que cuatro habitantes del cantón La Cruces, de Santa Elena, Usulután, salieron de sus viviendas a trabajar en una milpa y no regresaron.
Marlon Adalberto, de 26 años, y Helvis Armando, de 36, ambos de apellido Machado, y sus primos Fermín Gómez Arévalo, de 26, y Tirzo Gómez Coreas, de 19, fueron privados de libertad en las faldas del cerro El Tigre, a pocos kilómetros de donde vivían.
El 11 de agosto, tras esperarlos por varias horas y no tener contacto telefónico con ellos, los padres y vecinos de los trabajadores salieron a buscarlos pero solo hallaron abandonada la sandalia de uno de ellos; el pantalón roto de otro y los cuatro depósitos donde llevaban el agua.
La búsqueda continuó toda la semana, algunas personas les dijeron que buscaran en un pozo donde supuestamente los delincuentes lanzaron los cadáveres. Buscaron y no los hallaron.
Los dolientes obligadamente se han resignado a no encontrarlos, pues cesaron la búsqueda tras recibir una llamada en donde les advirtieron que dieran por cerrado el caso o se atuvieran a las consecuencias.
En el cantón Las Cruces, no solo se lamenta la desaparición de los jornaleros; sino también la pérdida de una fuente de empleo para muchos habitantes.
Los vecinos de las víctimas también se ganaban el sustento cultivando granos básicos y hortalizas en las faldas del cerro El Tigre.
Desde el día de la desaparición, muchos han dejado de frecuentar la zona por temor a que les pase lo mismo.
En la colonia San Roque, de Soyapango, otra familia está desesperada tras la desaparición de Jorge Alberto López Bonilla, de 28 años.
El hombre trabajaba en un foto estudio situado en el mismo municipio y su familia desconoce su paradero desde el 17 de octubre.
El último contacto que tuvieron con él fue a las 7:00 de la noche, cuando él les dijo que estaba por llegar a su casa. Era padre de cuatro niños. Asimismo, de Eduardo Cañeguez y Jilmer Hernández no se sabe nada desde el 22 de octubre.
Ambos estaban reunidos en una cancha del cantón El Progreso, de Santa Tecla, La Libertad, con Alfredo Méndez, de 32 años.
Según las autoridades, varios hombres llegaron hasta ellos y mataron a Méndez. Se desconocen las razones.
Los parientes de Cañeguez y Hernández aseguran que desde ese momento perdieron comunicación con ellos, por lo que presumen que los delincuentes los privaron de libertad.
El tortuoso camino para dar con víctimas
Los registros policiales reflejan que entre tres y cinco personas son reportadas como desaparecidas cada día en el país.
Con tal de encontrar a sus parientes (vivos o muertos) sus familiares recurren a servicios sociales en las redes sociales o buscan en morgues y hospitales. Otros buscan al criminólogo de la Fiscalía, Israel Ticas, quien en los últimos años, se ha dedicado a excavar cementerios clandestinos o introducirse a pozos para extraer cadáveres y entregarlos a los dolientes.
En su cuenta de Facebook, el especialista comparte información e imágenes sobre personas que están desaparecidas con el propósito de ayudar a las familias a buscarlas.
Hace unos días, Ticas publicó la historia de una estudiante de bachillerato cuyo cadáver fue localizado dentro de un pozo.
El padre de la adolescente, de 16 años, la iba a traer siempre a la salida de clases, pero el día que el hombre se retrasó, ya no la encontró.
“Solo este día no fui a traer a mi hijita y me la mataron esos ingratos”, es lo que el acongojado padre le habría dicho a Ticas.
Días después, el criminalista ayudó a recuperar el cuerpo de la estudiante de un pozo que tenía unos 60 metros de profundidad.
Un día después, Ticas también compartió el drama de unos padres que desde el 16 de agosto pasado buscan a su hijo José Orlando Orellana Martínez, de 24 años.
El joven residía en Soyapango y había conseguido empleo en una fábrica situada en el cantón Sitio del Niño, de San Juan Opico, La Libertad. Según Ticas, Orellana, quien era padre de una niña, fue privado de libertad junto con un compañero de trabajo identificado como Rodrigo Funes.Hasta la fecha se desconoce el paradero de ambos.