La acusación en contra de tres jueces antimafia de San Miguel se basa en escuchas telefónicas autorizadas con orden judicial para poder interceptar conversaciones en las que los juzgadores supuestamente negociaban la libertad de pandilleros y narcotraficantes en al menos 12 procesos, según la Fiscalía.
Los jueces que este lunes enfrentarán su segunda audiencia (preliminar) son: Jorge González Guzmán, quien estaba al frente del Juzgado Antimafia de Instrucción; Enrique Alberto Beltrán, propietario del Tribunal Antimafia de Sentencia; y José Rodolfo Castillo Morales, quien era su suplente.
Los tres son procesados en libertad condicional. La investigación fiscal está sustentada en las conversaciones sostenidas por los tres jueces acusados con otras personas y en las que supuestamente se negociaban resoluciones judiciales para favorecer con la exoneración de cargos penales a varios procesados por narcotráfico, homicidio y otros delitos.
Uno de los fiscales del caso, aseguró en su momento que un delincuente que era procesado habría pagado 10,000 dólares a uno de los jueces, sin especificar a quien de los tres, para que lo dejara en libertad. Al principio, el juez le habría pedido 15,000 dólares a cambio de liberarlos de los cargos penales, pero después que una empleada judicial, quien también están siendo procesadas, actuara de intermediaria, entonces, el juez Antimafia habría aceptado 10,000 dólares.
El fiscal dijo en su oportunidad, que el juez lo puso en libertad, tal como se había acordado. En la acusación, la Fiscalía señala a los tres jueces de dirigir una red de empleados judiciales, policías y fiscales de favorecer al crimen organizado. Días antes del arresto de los jueces, agosto de 2014, se capturaron a ocho abogados particulares, tres empleados judiciales, dos fiscales y un exfiscal, que estarían ligados a los juzgadores procesados.
A ellos se les acusa de gestionar pagos de dinero para favorecer a varios imputados en distintos procesos judiciales que eran ventilados en los Juzgados Antimafia de San Miguel. También capturaron a 12 policías, entre éstos al jefe y siete agentes de la Unidad Antinarcóticos de San Miguel.
Los policías antinarcóticos están acusados de colaborar con una organización dedicada al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. A los otros cuatro agentes se les atribuye tener vínculos con pandilleros de La Unión.