Representantes de la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal), manifestaron ayer que interpondrán una denuncia en contra de los ocho policías que facilitaron al ex asesor de Sigrifido Reyes, Byron Larrazabal, y al hermano del Viceministro de Agricultura, Omar Flores, tomarse las oficinas administrativas de la gremial el pasado 29 de octubre.
De acuerdo con el presidente de la cafetalera, Sergio Ticas, el uso de la fuerza facilitada por el grupo de agentes de la policía, permitió que se realizara ilegalmente una supuesta elección de junta de Gobierno, para posteriormente solicitar credenciales al Ministerio de Gobernación.
Aunque según lo explicó Ticas, gracias a intervención de la Fiscalía General de la República no se ha acreditado el resultado de esa junta de gobierno, el accionar del grupo de seguridad no fue el adecuado.
Miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que ahora respaldan al grupo liderado por Ticas, señalaron que pedirán al director de la policía y al Ministro de seguridad que investiguen quién dio la orden a esos ocho policías de entrara a las oficinas sin orden de allanamiento y de entregar las oficinas a Larrazabal y Flores.
“No es posible que la Policía Nacional Civil sea un instrumento para tomarse las gremiales empresariales”, indicó uno de los asesores jurídicos de la ANEP.
Estas irregularidades de parte de la PNC se suma a otras de las que ha sido víctima el grupo de Ticas.
Según lo manifestó el aún presidente de la gremial, el Ministerio de Gobernación ha cometido ciertas anomalías al pasar por alto el artículo 70 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, en el conflicto que mantienen tres planillas por tener la presidencia de la gremial.
De acuerdo a la referida Ley, media vez exista una oposición (como se está dando en este momento en la que diferentes grupos están en pugna por la junta directiva de la cafetalera) el Ministerio de Gobernación es mandado a desinhibirse de conocer y mandarlo a los tribunales correspondientes para que se dirima el inconveniente. Pero según lo manifiestan, Gobernación mandó a hacer una sesión entre los miembros de la cafetalera para elegir nueva junta directiva, sin tener potestad para emitir esta resolución.