En el tercer día de audiencia preliminar (antes del juicio) la Fiscalía y la defensa buscan sacar ventaja a las escuchas de más de un centenar de audios en los que supuestamente, se incrimina a los tres exjueces, acusados de cohecho propio e impropio.
El cohecho no es más que el soborno, que implica pedir dádivas a cambio de un beneficio. Es propio cuando por ejemplo, un juez pide un regalo a cambio de beneficiar a un acusado e impropio, cuando el imputado ofrece una dádiva al juez, para que lo favorezca en su resolución.
Bajo esa explicación, la Fiscalía se propone llevar a juicio a tres exjueces antimafia de San Miguel, por haber supuestamente favorecido en sus resoluciones a varios narcotraficantes y pandilleros.
Se trata de los exjueces Enrique Beltrán, Rodolfo Castillo y Jorge González a quienes el Juzgado Segundo de Instrucción resolverá si los envía a juicio. Contra estos la Fiscalía asegura tener audios de escuchas telefónicas en las que negociaban y llegaban a acuerdos con los imputados en varias ocasiones.
El Fiscal General, Luis Martínez, aseguró que los audios en poder del Ministerio Público, son la prueba fehaciente para demostrar el ilícito en que cayeron los exjueces. (Ver nota aparte).
“Esta es una prueba muy importante en este tipo de procesos, porque no es lo mismo leer la sinopsis, que estar escuchando la forma y la jerga de cómo conversan los imputados”, dijo el Fiscal General.
La posición de la defensa
Entre tanto, los abogados defensores tienen su propia lectura de los audios. En seis audios que se habían escuchado a esta fase del proceso, no se ha vinculado a uno o a los tres jueces, en los ilícitos que les atribuye la Fiscalía, afirmó el abogado del exjuez Enrique Beltrán Beltrán, Fernando Meneses.
“Ahorita se están escuchando los audios de las intervenciones telefónicas y en ninguna se ha mencionado un hecho de corrupción por parte de los jueces que nosotros estamos representando”, sostuvo Meneses. El abogado afirmó que en los audios solo se escucha a dos personas que conversan y que no tienen nada que ver en el proceso, ni con sus números telefónicos.
El defensor puntualizó que los acusados no eran los jueces titulares que conocieron los casos, en los que la Fiscalía sostiene que se cometieron los sobornos, sino que eran jueces de San Salvador. “Todos los jueces de San Miguel se habían recusado o negado a conocer esos procesos, porque antes los habían abordado con otras pruebas”.
“Hasta este momento, la herramienta que ha utilizado la Fiscalía, las escuchas telefónicas, no los pueden llevar a una verdad de una incriminación directa a nuestros representados”,explicó Meneses.
En esa misma dirección se manifestó el exjuez Jorge González Guzmán, a quien atribuyen dos de los 12 casos que en total, encierra la audiencia.
Uno de los procesos es el del imputado Enrique Torres, un prófugo, que según el exjuez González Guzmán fue capturado en Guatemala tras vinculársele a Juan María Medrano Fuentes (apodado Juan Colorado y condenado por narcotráfico), por una orden que él giró a la Interpol. Más tarde fue vinculado al caso de “Los Garrobos”, que advierte, no estaba dentro de su responsabilidad.
El juez procesado afirmó que él, en ningún momento sacó libre a Colorado, al contrario está preso, a la espera del juicio. Dijo que le quieren achacar un caso, en el que una mujer sostiene un supuesto romance por teléfono con él, en 2014, una situación que considera de su vida privada y que no tiene nada que ver con un proceso, en el que juzgó al compañero de vida de esta mujer, en 2009.
Los defensores aseguran que no entienden dónde está el beneficio que los jueces que ahora están siendo procesados, dieron a los imputados, si todos fueron a prisión.
Además, se hicieron análisis financieros de los jueces y no encontraron que su patrimonio haya crecido por encima de lo normal, al contrario, encontraron deudas y cuentas pendientes.
Sin embargo el jefe de la sede fiscal de Oriente, German Arriaza Chicas sostuvo que están optimistas con el resultado que podrían obtener de esta audiencia, porque cuentan con suficientes testigos, documentos y pruebas para establecer los delitos que imputan a los exjueces.