Por segundo día se realizó ayer la audiencia preliminar (antes del juicio) en contra de más de 250 reos, quienes guardan prisión en cinco centros penales del país.
Los imputados son procesados por 50 casos de homicidios, extorsiones y agrupaciones ilícitas en el Juzgado Antimafia de Instrucción de San Miguel
De acuerdo con las autoridades judiciales los imputados siguen paso a paso el desarrollo de la audiencia a través de sistemas de video conferencia.
Bajo esta modalidad, fiscales, abogados defensores y el juez de la causa, están ubicados en el Centro Judicial de San Miguel y los reos están pendientes de la diligencia, en los penales donde guardan prisión.
Esta es la segunda audiencia que se realiza con la modalidad virtual, en coordinación interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Dirección General de Centros Penales.
Los prisioneros están en la penitenciaría Central La Esperanza, Centro Penal de Izalco, Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, Centro Penal de Jucuapa en Usulután y el Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca.
Todos están interconectados a través de 5 televisores y 11 equipos informáticos dirigidos a la sala de audiencia en la Torre Judicial de San Miguel, explicó la oficina de prensa de los Juzgados.
La audiencia está programada para que se realice del 11 al 25 de noviembre, afirmó una vocera de prensa de los Juzgados.
En principio y como parte de las medidas de seguridad, las autoridades cerraron el miércoles el paso vehicular por la sede judicial en San Miguel. Más tarde abrieron el tráfico en la zona .
Asimismo, las autoridades judiciales restringieron el ingreso de los periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas.
Para conocer el desarrollo de la segunda audiencia virtual en San Miguel, el Fiscal General, Luis Martínez llegó a la sede judicial en San Miguel.
Martínez adelantó que la audiencia virtual con más de 250 reos estaba vinculada a los tres exjueces que estaban siendo procesados en otro
sala del mismo centro judicial.
El Fiscal General, afirmó que los procesados en la audiencia virtual eran presuntos pandilleros y narcotraficantes, con quienes al parecer, los tres jueces habrían pactado dádivas a fin de beneficiarlos con penas menores o exoneraciones de delito.
Entre tanto, los jueces acusados negaron esa versión porque los habían enviado a prisión.