Hace más de un año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa hacer reformas a la Ley de Partidos Políticos para que sean transparentes y puedan dar a conocer a los ciudadanos quiénes son sus donantes y financistas , pero estos no lo han hecho aún, y no dan muestras de querer abrir sus cuentas de cara a la población.
FMLN, GANA y PCN, creen que no pueden saltarse la voluntad de los donantes o financistas de sus partidos, si ellos no avalan que se dé a conocer sus nombres y el monto de la donación, aparte, aducen, de que se puede poner en el ojo de los delincuentes a estos personajes si se revela sus nombres. ARENA por su parte considera que sí se deben transparentar las donaciones a los partidos, aunque considera que poco van cumpliendo con el fallo de la Sala.
Sin embargo, algunos sectores y gremiales como la ANEP, Aliados por la Democracia y Fusades consideran que si los partidos mantienen ocultas sus fuentes de financiamiento, existe el peligro de que grupos criminales puedan penetrar dinero ilícito a las esferas del Estado por esta vía. De hecho la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala (Cicig) hizo importantes hallazgos en esta materia (nota aparte).
En la sentencia emitida el 22-VIII- 2014 en el proceso de Inc. 43-2013, la Sala impuso a la Asamblea Legislativa la obligación de adoptar una reforma mediante la cual se diera cumplimiento a los mandatos derivados del derecho de acceso a la información y de los principios de transparencia y de democracia interna de los partidos políticos contenidos en los artículos 2 inc. 1° y 6 de la Constitución y, por el otro, en los artículos 72 ord. 3° y 79 inc. 3° de la Constitución, todos ellos relacionados con el artículo 85 inc. 2° de la Constitución.
La Sala determinó que el derecho de acceso a la información impone a los partidos políticos y a sus candidatos la obligación puntual de proporcionar la información que se les requiera, específicamente el detalle de la fuente u origen de su financiamiento, esto es, qué personas naturales o jurídicas contribuyen, la cuantía de los aportes y el destino que se les dé a estos dineros.
La Asamblea Legislativa estableció en el art. 24-A letra a) de la Ley de Partidos Políticos, que los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite, por medios electrónicos o físicos, información sobre los nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político y el monto de los mismos, previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información, la cual debería constar en un documento separado, extendido al efecto y no podría ser parte de hojas de afiliación.
Sin embargo, en resolución emitida el 6 de febrero de 2015 la Sala de lo Constitucional se pronunció y dio por no cumplida su sentencia dada en agosto de 2014, por parte de la Asamblea Legislativa.
Nueve meses han transcurrido desde que la Sala hizo esta prevención a la Asamblea Legislativa, y 15 meses desde que le ordenó hacer las reformas pertinentes para transparentar el origen de sus fondos.
Hasta este momento, los legisladores de la comisión de Reformas Electorales se resisten y ponen peros a darle cumplimiento a lo ordenado por la Sala.
“Aquí hay derechos. Pensemos en la seguridad, el problema es que divulgar esto, no estamos viviendo momentos comunes, tiempos normales, estamos viviendo difíciles donde la seguridad de un gran empresario, un micro empresario está en peligro, lo exponemos a que lo renteen”, justificó el diputado del PCN, Mario Ponce.
El también miembro del directorio pecenista aseguró que las fracciones legislativas ya se pusieron de acuerdo para reformar la Ley de Partidos Políticos para que cada partido cree entes de auditoría, con lo cual consideran que estarían actuando con transparencia.
A criterio de la efemelenista Jackeline Rivera en ninguna de las dos resoluciones (en la primera y cuando resolvió que la Asamblea no había cumplido) la Sala hace referencia a que obligadamente “hay que hacerlo así como se han pronunciado algunas personas respecto al tema”, dijo.
“¿Como ajustar lo que la Sala pretende hacer? sin que se vean conculcados derechos fundamentales a la intimidad que pueda tener una persona; o sea que eso es lo que habrá que definir para ajustarse a lo que la Sala quiere”, externó Rivera.
Según la legisladora del FMLN, la fracción legislativa efemelenista ni siquiera ha abordado ese tema, pues consideran que lo que está en la Ley de Partidos Políticos es lo correcto.
“Yo soy una convencida de que lo que hicimos es legal y ahorita no puedo decir yo como lo va a ser la fracción porque no es un tema que hayamos discutido nuevamente para tratar de ajustarnos a lo que la Sala quiere”, manifestó Rivera.
En cambio para el diputado por ARENA René Portillo Cuadra es necesario que se hagan las reformas pertinentes para cumplir con lo dictado por la Sala de lo Constitucional, pero acusó al PCN y al FMLN de frenar ese cumplimiento legal.
“Estos dos partidos, sobre todo el FMLN, no están en disposición de dar sus votos para reformar la ley en el sentido de decir con claridad de que deba estar al acceso del público esa información; sin embargo el mandato de la Sala es ese; entonces, hay un valladar ahí”, aseguró Portillo Cuadra. Al igual que el PCN, el diputado tricolor aseguró que ya hay un acuerdo para reformar la Ley de Partidos Políticos en el sentido de que las cuentas partidarias serán auditables.
Aún así Portillo Cuadra consideró que “la discusión no está terminada ni tampoco se le daría fiel cumplimiento a la sentencia si no existe una disposición más clara de lo que está en la ley, de que deben de revelarse los nombres de (los financistas)”.
En este punto Lorenzo Rivas, diputado de GANA, considera que ya todo está legislado.
“Estas reformas que se aprobaron recientemente iban en ese sentido sobre la democracia interna que lleva elementos de eso; sí se ha tratado de dar respuesta con esta reforma. A veces es difícil poder satisfacer la pretensión exacta de los señor de la Sala”, argumentó el legislador naranja.
Sobre las fuentes de financiamiento a los partidos corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el velar que cumplan con la recepción de dinero lícito y sobre el manejo transparente de los fondos que obtuvieron en la campaña electoral para los comicios legislativos y municipales que se desarrollaron en marzo anterior