Las autoridades (Policía y Fiscalía) han reprobado el examen de la eficacia de las investigaciones de homicidios en El Salvador, pues de la totalidad de hechos violentos que se han registrado de enero de 2014 a septiembre de 2015, sólo en un siete por ciento, pudieron determinar el móvil o la causa de los asesinatos.
Si se calificara el trabajo de investigación de los asesinatos del 1 al 10, la nota que las autoridades tendrían sería menor de uno, es decir, cero punto siete (0.7).
De 8 mil 510 homicidios que se registraron en el periodo en estudio, las autoridades solo lograron determinar el móvil en 564 casos.
Los mínimos resultados en la indagación del delito refleja una deficiencia en la falta de recursos técnicos (sistemas científicos de investigación) y de personal de las dos principales instituciones: Policía y Fiscalía.
Según el fiscal general, Luis Martínez, la institución tienen activo 159 mil 900 expedientes abiertos.
Esta situación también se evidencia en la cantidad de casos por cada investigador policial y por cada fiscal.
La Fiscalía General se ha quejado de la falta de presupuesto para incrementar su personal, pues cada uno de los fiscales auxiliares tiene 384 expedientes a su cargo.
Con esa cantidad de trabajo sobre sus hombros, las autoridades no puede sacar la tarea de forma oportuna ni con resultados satisfactorios en pro de la justicia, se han quejado algunos fiscales.
Una de las principales propuestas de casi todos los aspirantes al cargo de Fiscal General, ha sido potenciar la investigación científica y más métodos innovadores como la pruebas técnicas y ya no tanto depender del testimonio.
En la actualidad hay menos personas que aunque hayan presenciado un hecho de violencia se niegan a colaborar con las autoridades para su esclarecimientos, por los riesgos que corren los testigos.
En las comunidades hay rótulos intimidatorios como: “Ver, Oír y Callar”, destacados en sitios de frecuentes homicidios o de permanencia de pandillas.
La amenaza ha calado fuerte en los habitantes, pues la Policía se queja que los testigos de un hecho no colaboran con la autoridad en las investigaciones.
No es para menos, si los grupos delincuenciales tienen oídos y vista en cualquier lugar y tiempo; para detectar quién los pone en mal con la autoridad.
Varios testigos han sido asesinados por esas razones
De ahí que las nuevas autoridades que buscan el puesto de Fiscal General, se inclinan por la investigación científica para avanzar en los procesos y dar con los homicidas y contrarrestar la impunidad. No conocer el móvil de un asesinato, es casi lo mismo que no saber, el autor material e intelectual de un hecho.
Estadísticas de la Policía revelan que de enero de 2014 al 15 de septiembre de 2015, habían capturado un total de 3 mil 972 supuestos homicidas.
Estas han sido en flagrancia, durante las 24 horas después del homicidio, cuando las autoridades tuvieron éxito de inmediato.
Luego vienen las investigaciones y si son eficaces surgen las detenciones administrativas de los presuntos responsables, que ordena la Fiscalía.
De estas también dependen las órdenes judiciales (cuando el sospechoso no es localizado) y se requiere de una orden judicial a nivel nacional e internacional pues es un prófugo. También dan como resultado la acumulación de delitos a sujetos que ya están presos tras resultar implicados en un nuevo hecho, así como las detenciones en menores.