El nueve de octubre pasado, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo que cinco empleados del Ministerio de Economía pusieron en contra de los titulares de esa cartera de Estado por haberlos despedido sin aparente causa justificada.
En la misma admisión, los magistrados constitucionalistas ordenaron a las autoridades de Economía que los tenía que reinstalar, mientras seguía el proceso. Sin embargo, las autoridades de Economía han hecho caso omiso a la orden emanada de la Sala y no los ha recontratado. Fueron despedidos en marzo pasado sin aparente justificación. Los empleados que pidieron el amparo son: Daniel Edgardo Cornejo Membreño, Sandra Lorena Cardoza, Carlota Adelina Posada, Flor de María Panameño y Vanesa García.
Ellos argumentaron en el recurso que no se siguió el proceso de separación y que se utilizó de forma fraudulenta la figura del contrato de consultoría para encubrir “una relación laboral permanente”.
Uno de los demandantes, Cornejo Membreño, presentó recientemente un escrito a la Sala de lo Constitucional en el que pide que se haga lo necesario para que el ministro de Economía Tharsis Salomón López y la gerente de Recursos Humanos Zoila Guadalupe Turcios de Salazar sean procesados penalmente por desacato judicial.
Cornejo Membreño basa su petición en “la negativa a darle cumplimiento a lo ordenado por ustedes (magistrados) lo que constituye un franco desacato de una resolución judicial que por Constitución están obligados a cumplir”.
Lo del incumplimiento de la orden de reinstalarlos, Cornejo Membreño señala que las autoridades de Economía le manifestaron que el Ministerio “no cumpliría con la resolución, puesto que por un lado ya habían personas en los cargos que ostentábamos, incluso con plaza fija, y por otro lado, debido a trámites administrativos que se tenían que realizarse en el Ministerio de Hacienda para solicitar el presupuesto, ya que no cuentan con los fondos necesarios para ello”.
Agregó que les manifestaron que para que los trámites se agilizaran, ellos fueran a Hacienda a pedir los fondos.
Ayer los cinco demandantes manifestaron que el titular del Minec sigue sin acatar a la resolución, motivo por el cual hicieron un llamado tanto a la Sala de lo Constitucional, como a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) para dar a conocer el estado actual de la medida cautelar.
Se pidió la posición institucional al Ministerio de Economía desde la semana pasada, pero hasta ayer no se había tenido respuesta favorable a la petición de este periódico.