Los magistrados de la Sala de lo Constitucional concluyeron que tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como el Ministerio de Salud (Minsal) no han logrado cumplir con las medidas ordenadas para la atención de la población afectada en la zona Sitio del Niño, de San Juan Opico, La Libertad.
“Hemos escuchado que no se ha cumplido lo ordenado por este tribunal”, expuso el magistrado Sidney Blanco, tras analizar los informes de ambas instituciones.
La Sala convocó a las autoridades del MARN y del Minsal a una audiencia para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas en una sentencia emitida el pasado 11 de marzo en la que concedió amparo a las personas afectadas por la contaminación con plomo de los desechos emanados de la antigua fábrica Baterías de El Salvador (BAES).
Las autoridades demandadas estaban obligadas a realizar las acciones necesarias para recuperar el ecosistema afectado.
En la sentencia también se contemplaba que las instituciones debían implementar políticas públicas que prevengan hechos similares.
Además de realizar las acciones necesarias para retirar las sustancias que todavía se encuentren contaminando el ambiente, y realizar un diagnóstico extenso de la calidad actual de los suelos, aire y agua de la zona.
Aunque ambas instituciones enviaron a representantes legales y especialistas, el magistrado Florentín Meléndez cuestionó negativamente la ausencia de las titulares de las dos carteras de estado.
Los representantes del MARN expusieron que trabajan en un plan de remediación al interior y exterior de la planta, pero que por el momento aún siguen buscando una propuesta técnicamente viable.
Manlia Romero, del MARN, dijo que hay aproximadamente 40 mil toneladas, entre escoria y cenizas, que deben ser retiradas de la planta. El costo para esta acción ronda los $25 millones; Romero añadió que aun buscan el financiamiento para el retiro de la escoria.
Sin embargo, los magistrados observaron que el informe del MARN era bastante escueto y cuestionaron en varias ocasiones cómo han calculado el monto necesario para retirar la escoria y cómo se ha cumplido la sentencia desde marzo.
Meléndez también inquirió si se incorporó el costo del retiro de los desechos en el presupuesto del año 2016 del MARN, pero los representantes no pudieron responderle con exactitud.
Respecto a las acciones realizadas por el Minsal, el apoderado legal de la institución, Luis Hernández, dijo que se mantiene un plan preventivo de atención a los pacientes.
Un estudio realizado contempló tomar 1,529 muestras entre la población y se confirmaron 98 casos nuevos afectados por la contaminación con plomo, que se sumaron a 121 casos que ya estaban registrados.
Pero los magistrados cuestionaron si hubo atención reforzada a las embarazadas y a los niños, y si desde Salud se han tomado medidas de control para evitar problemas similares en la zona y en otros puntos del país; la respuesta fue que no podrían ahondar en ese punto.
Al finalizar la audiencia, Blanco leyó la resolución de la Sala en la que se consideraba el incumplimiento de las medidas.
Al MARN se le brindó un plazo hasta marzo de 2016 para que cumpla todas las iniciativas y normativas necesarias para atender la zona.
La Sala ordenó que en un plazo de cinco días el MARN debe informar si ha incluido alguna partida específica en el presupuesto del 2016 para la atención de Sitio del Niño.
“Cuáles son las previsiones presupuestarias para cumplir lo ordenado en el tribunal”, señaló Blanco.
A Salud le dieron un plazo de 30 días para que informe sobre la situación de los casos de niños y mujeres embarazadas y cómo están siendo atendidos. También consideraron que el documento que Salud les presentó no reúne los requisitos para la certificación y debe volver a presentarlo en tres días.
El abogado de BAES, Carlos Muyshondt, también participó en la audiencia y dijo que estaban dispuestos a colaborar con el MARN, pero sostuvo que la contaminación no fue por el manejo de la empresa. Debido a que hay otras investigaciones abiertas en la planta, los magistrados indicaron que no se deben tomar como pretexto para no actuar.