Ya se está haciendo costumbre que funcionarios del Estado se resistan a cumplir las órdenes de reinstalo de empleados públicos, despedidos sin aparente justificación, emanadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la mayoría de los casos, los empleados afectados han acudido a presentar recursos de amparo a la Sala y cuando éstos son admitidos para ser estudiados, como medida temporal se ha ordenado que sean reintegrados a los cargos que desempeñaban al momento de ser despedidos.
Funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio de Economía han omitido las órdenes de la Sala en un aparente desacato judicial, según los denunciantes.
De hecho, uno de los empleados despedidos del Ministerio de Economía ha pedido al máximo tribunal que ordene que el titular y la gerente de Recursos Humanos de esa cartera de Estado sean procesados penalmente por desacato judicial.
Asimismo, cinco de los trabajadores despedidos, apoyados por organizaciones en defensa de los derechos humanos y laborales, manifestaron que hasta la fecha no se ha cumplido con la resolución de la Sala. (Ver nota aparte).
Así también, las autoridades del Centro Nacional de Registros (CNR) se dilataron tres meses para poder cumplir con la orden de reinstalo de un registrador auxiliar, cuando las mismas autoridades han reconocido que las órdenes judiciales son de estricto cumplimiento y de forma inmediata.
Demandante: “despido fue acto arbitrario”
Después de tres meses de haber incumplido con una orden de la Sala de lo Constitucional, las autoridades del CNR reinstalaron al registrador auxiliar del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente, Oscar Fernando Viera, quien fue separado en abril de 2014, aparentemente por “falta de ética profesional”.
Mendoza Viera se desempeñaba como registrador auxiliar desde el 16 de agosto de 2011. La orden de su reinstalo está contemplada en la admisión del recurso de amparo presentado por el ofendido en contra de las autoridades del CNR por considerar que le violaron su derecho de defensa y ni se le garantizó el derecho de audiencia.
En el recurso de amparo, Mendoza señala que la finalización de su contrato o relación laboral de forma unilateral constituyó “un acto arbitrario, pues no se me garantizó el derecho de audiencia, ni el derecho a saber las causas de la cesación laboral como mínimo, porque no tuve conocimiento de ningún procedimiento que se haya aperturado en mi contra, para darme la oportunidad de escuchar mis alegaciones de defensa”.
En ese sentido, la resolución de la Sala ordena que se suspenda de forma inmediata y provisional “los efectos de la actuación impugnada, medida cautelar que ha de entenderse en el sentido que, mientras dure la tramitación de este proceso de amparo y no obstante, el actor haya sido separado de su cargo, el director ejecutivo del CNR deberá de restituir al demandante en el cargo de registrador auxiliar, por lo que deberá permitir que siga desempeñando el citado cargo con todas las funciones que le han sido conferidas”.
El demandante señaló que al momento de acudir a la CSJ no había recibido ninguna cantidad de dinero en concepto de indemnización, ni había firmado ningún documento en el que exonerara de responsabilidad al CNR de su despido.
Señala además que las labores que desempeñaba eran de carácter técnicas y de forma permanente, por lo que no se trataba de un cargo de confianza personal ni mucho menos político.
Desde esa perspectiva, el demandante considera que se debió de tramitar un procedimiento administrativo previo y ante la autoridad competente en el que se justificaran y se comprobaran las causas de finalización del contrato laboral y destituirlo del cargo. Además de no tener la oportunidad de defenderse de los señalamientos que le hacían las autoridades para despedirlo.
Lo reinstalan lejos de donde reside.
Mendoza Viera aseguró a El Diario de Hoy que desde el 5 de noviembre pasado fue reinstalado en el CNR, pero no en La Unión, sino que en Zacatecoluca, La Paz, lo que de alguna manera le genera mayores gastos para su traslado desde su casa.
A su juicio, las autoridades del CNR cayeron en desobediencia por no haber cumplido de inmediato la orden de la Sala de lo Constitucional de volverlo a contratar, ya que les notificaron desde agosto pasado y pasaron más de tres meses sin que cumplieran con la resolución. Sostuvo que los argumentos de las autoridades para retrasar su reinstalo era que no había plazas disponibles.
De hecho, la subdirectora del CNR Silvia Guillén, justificó la tardanza en el reinstalo de Mendoza Viera en que no se cumplía de inmediato la orden de la Sala porque “la plaza ya estaba ocupada, y para eso hay que crear una plaza y para crear una plaza no es de un día para otro, al señor se le reinstaló la semana pasada (5 de noviembre) en Zacatecoluca, porque las plazas en La Unión ya estaban ocupadas”.
Mendoza Viera también dijo que espera que el CNR le pague los salarios no recibidos desde abril de 2014, tiempo que duró el despido de parte de las autoridades.
Sin embargo, la subdirectora Guillén aseguró que hasta el momento, la Sala no les ha ordenado que le reintegren los salarios no devengados durante el tiempo que estuvo cesante, porque el reinstalo es una medida de carácter temporal y no hay una sentencia definitiva en el presente caso.
Denuncia ilegalidad de proceso sancionatorio
Mendoza Viera denunció que en noviembre de 2013 le abrieron un proceso administrativo sancionatorio por “falta de ética”, pero él aseguró que en ningún momento le notificaron de forma oficial de ese proceso ni tampoco lo citaron para que hubiese ido a defenderse de las acusaciones.
Sospecha que le abrieron el expediente por el hecho de haber denunciado a tres empleados del CNR en La Unión de participar en supuestos actos de corrupción al favorecer a varias personas con la agilización de sus trámites registrales a cambio de recibir dádivas.
No descarta demandar a las autoridades del CNR ante a la Cámara de lo Civil de San Salvador por el hecho de haberle abierto el proceso, sin notificarle y porque lo tildan de ser “poco ético”, un señalamiento que según Mendoza, le daña la dignidad y su imagen como persona y empleado.
Por su parte, el director ejecutivo del CNR Rogelio Canales Chávez informó que al igual que en el caso de Mendoza Viera, otros empleados demandantes ya han sido reinstalados, ya sea en el mismo cargo o en otro similar en la institución. “En ese sentido, algunas personas que vinieron resoluciones a favor de ellas, ya están reinstaladas”, dijo Canales Chávez.