La acusación por enriquecimiento ilícito que presentó la Fiscalía General, la semana anterior, contra el diputado Reynaldo López Cardoza y su esposa Alma Gutiérrez de López, tiene defectos de forma que deben ser subsanados por orden de la Cámara Segunda de lo Civil.
Dicho tribunal advirtió al Ministerio Público que en un lapso de cinco días hábiles, contados a partir de ayer, “describa con claridad y precisión los argumentos de hecho y derecho bajo los cuales solicita la ampliación de las medidas cautelares decretadas por la honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.
Según la resolución de la Cámara Segunda de lo Civil, las prevenciones deberán ser corregidas por los fiscales del caso en el plazo señalado “so pena de declarar inadmisible lo solicitado por la representación fiscal”.
El 6 de octubre, el pleno de magistrados del máximo tribunal ordenó que el parlamentario y su cónyuge fueran enjuiciados, luego que la Sección de Probidad de dicha institución detectó varias irregularidades en la presentación patrimonial presentada desde mayo de 2009.
Según los magistrados, hay indicios de que los ingresos del funcionario han aumentado “notablemente” sin que exista justificación.
Por esta razón, la CSJ mandó que a los esposos le fueran congeladas cuentas bancarias y se les embargó una docena de propiedades que están inscritas a nombre de López Cardoza.
Cinco de estos inmuebles están situados en San Salvador, cuatro más en Chalatenango y tres en La Libertad.
En la acusación formal contra el diputado y su pareja, la Fiscalía pidió que se inhabilite al legislador por diez años para que no pueda ejercer ningún cargo público. También que se le inmovilicen otros dos inmuebles, situados en Santa Ana y Chalatenango.
Además, el Ministerio Público ha solicitado que se decrete la restitución a favor del Estado de los bienes adquiridos como producto del enriquecimiento ilícito por parte de los demandados así como el pago de las costas que genere el proceso.
La Fiscalía ha pedido a la Cámara que solicite las grabaciones en audio y video de las discusiones en Corte Plena que dieron pie a la orden para abrir el proceso contra el diputado, justificando esta solicitud a que “se probará que la investigación administrativa que dio origen a este proceso, se realizó en legal forma”.
Según la Oficina de Comunicaciones de los tribunales, después de que la Fiscalía General resuelva los vacíos de la acusación, la Cámara podrá notificar a las partes, entre ellas el diputado y su esposa, para que hagan uso del derecho de responder a las imputaciones, y se podrá fijar la fecha para la audiencia inicial. Esta se podría realizar en enero de 2016.