Los diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa acordaron ayer avalar un pliego de reformas en favor de las personas que tienen deuda con el sistema crediticio en el país.
Los legisladores planean aprobar hoy 32 reformas a la Ley del Historial Crediticio. Una de las principales tiene que ver con los plazos que los burós de créditos tendrán para mantener vigente a una persona con historial crediticio negativo.
Actualmente, la ley estipula que alguien que tenga problemas de mora en sus créditos permanecerá hasta un máximo de tres años en la base de datos de las agencias que llevan el historial crediticio, aun cuando el ciudadano haya cancelado totalmente su deuda.
Sin embargo, los legisladores acordaron ayer reducir el tiempo de permanencia de hasta un año en la base de datos cuando el deudor hubiese pagado en su totalidad la deuda, y si fuera el caso que la mora sea menor a la mitad de un salario mínimo del sector comercio y servicios, es decir, aproximadamente de $120, los burós de créditos estarían obligados a borrar el historial crediticio negativo de esa persona en un periodo máximo de seis meses.
Esta y otras reformas han sido analizadas por los diputados desde la legislatura pasada y hasta ayer los legisladores de todas las fracciones acordaron redactar el dictamen, no sin antes darle una última revisión al documento final, con el propósito de que sean aprobadas hoy durante la plenaria.
El diputado de GANA y presidente de la Comisión Financiera, Francisco Zablah, expresó que el objetivo es no “condenar a la muerte civil” a aquellas personas que han logrado saldar sus deudas y aún así no pueden acceder a créditos porque continúan con su historial crediticio negativo vigente en las agencias que los manejan.
“No pueden comprar nada ni efectuar nada, eso afecta mucho la economía del país. Una de las reformas más grandes es que son 6 meses y hasta 1 año para sacarlos de ese historial negativo. La idea es frenar los abusos que han existido de los burós de créditos y beneficiar a la gente”, afirmó Zablah.
Otra de las modificaciones que avalaron los diputados son las relativas a la autorización que los dueños de dicha información deberán hacer para que los burós la entreguen a instituciones financieras, comerciales u otras que soliciten los datos para evaluar el riesgo crediticio de la persona.
“Algo importante es que se aclara en esta ley que la dueña de cada información es la persona y no el buró de créditos”, agregó Zablah.
En las reformas se contempla también que las oficinas de manejo de datos crediticios están obligadas a mantener su base de datos en el país, ya que si la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) resuelve cerrarla por cualquier motivo, se estipula que a los tres días de haberse cancelado su permiso tienen que entregar toda la base de datos, y si el buró no cumple eso 24 horas después, la SSF haría uso de la fuerza pública para hacer el decomiso de la información.