Pese a que algunas operadoras de telefonía comenzaron ayer a informar a sus usuarios que iniciarán con el cobro del 5 % del impuesto a los servicios de telecomunicaciones que aprobó la Asamblea Legislativa, el Gobierno no podría captar esos fondos hasta que pida hacer una reforma al presupuesto de 2015 y 2016.
Aunque el Ejecutivo urgió al Congreso para que aprobara ese impuesto, aún no ha hecho la petición mediante el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para que los diputados hagan las reformas legales que necesita para echar mano del dinero que recaude.
Los legisladores aseguran que aun cuando el Estado comience a recolectar el dinero no lo podrá usar para otros fines que no sean los establecidos en los decretos, que es combatir la delincuencia y la criminalidad.
En lo que sí asienten es en que deben realizar las modificaciones pertinentes en los presupuestos de este año y en el que aprueben para 2016 para incorporar la partida especial que administrará los fondos de los impuestos.
Tanto en el decreto del cobro del 5 % a la factura de los servicios de telecomunicaciones como en el del tributo a las ganancias mayores de $500 mil al año se estableció que irían a parar a un fondo especial creado por Hacienda.
“Los fondos percibidos por la Contribución Especial a que se refiere el artículo 3 de esta ley se incorporarán dentro del presupuesto del Ramo de Hacienda, para el ejercicio fiscal correspondiente, debiendo crearse la estructura presupuestaria que identifique la asignación de los recursos y el destino…”, reza parte del artículo 12 sobre “Asignación presupuestaria”.
Rolando Mata, diputado del FMLN, aseguró ayer que eso quedó contemplado en los proyectos de ley que detallan que esa fuente de financiamiento se llama: “Plan El Salvador Seguro y allí tienen que ir a parar”.
En ambos decretos legislativos se dice que el destino de los recursos provenientes de la contribución especial serán utilizados “única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia”, y detalla actividades encaminadas a reducir la delincuencia y programas de prevención juveniles y mejoramiento de las cárceles, entre otros proyectos de seguridad.
Sin embargo, menciona que será el Presidente de la República el que decida en qué se gasta el dinero que se recolecte de los impuestos.
“Las anteriores actividades previa autorización del Presidente de la República serán ejecutadas por diversas instituciones del sector público y las municipalidades, con base en proyectos específicos para ello, contemplados en los planes de seguridad ciudadana y convivencia”, reza el inciso segundo del artículo 11 de la ley que habla sobre el destino de la Contribución Especial.
De acuerdo con el economista Rafael Lemus, existe un término que se llama “fungibilidad del dinero”, que según indicó es hacer ajustes financieros de fondos que ya se tenían contemplados en el presupuesto para seguridad, pero que en un momento determinado se usaron y se podrían tomar de estos nuevos recursos que no cuentan con partida definida aún, justificando que son para un fin similar.
Fondos con candado
Pero según los diputados existen los candados suficientes para evitar que el Gobierno utilice ese dinero para otros objetivos, o para el gasto corriente como lo ha denunciado ARENA, partido que no dio sus votos por ese tributo.
La diputada Milena de Escalón, de ARENA, agregó que el Gobierno no debe usar esos recursos mientras no exista la partida presupuestaria y lamentó que el Ejecutivo no lo haya solicitado con anterioridad. “Pusieron la carreta por delante de los bueyes”, resumió.
Mata, del FMLN, justifica que “la ley dice que no hay ningún gasto ni ingreso que no esté registrado, si no está registrado, no se puede usar ni se puede cobrar, se debe hacer primero la reforma (a los presupuestos)”.
El jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, asegura que no hay problema con que el dinero del impuesto no tenga aún una partida dentro del presupuesto. Advierte que lo más probable es que el Gobierno podrá usar ese dinero hasta el próximo año, si es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no lo declara inconstitucional.
Esto, porque en el máximo tribunal hay dos demandas interpuestas por ciudadanos: una en contra del cobro del 5 % a los usuarios de las telefónicas y otra al pago del 5 % para las ganancias de las empresas arriba de $500 mil anuales. Aún no han sido admitidas.
“Creo que el Gobierno tendrá que dejarlo para el presupuesto 2016, lo que se hará es que se va a agregar, bajo el supuesto que la Sala (de lo Constitucional) no lo declare inconstitucional; tendrán parte de noviembre y diciembre para ejecutarlo en enero, o sea que tendrán recursos y podríamos hacer cualquier modificación en este presupuesto y en el que viene”, dijo el pecenista.
Guillermo Gallegos, de GANA, opinó que para garantizar que los fondos se usen para lo que se aprobaron “debemos hacer la primera reforma y en la aprobación del próximo año incorporarla”. Dijo que si se destinan para otra cosa sería violar la ley, pero que será el Consejo Nacional de Seguridad Pública, quien definirá si se usan solo para seguridad.