Las gremiales del transporte púbico ATP, AEAS y Rutas Unidas, que habían solicitado que se prorrogara una vez más el sistema de cobro electrónico por medio de la tarjeta electrónica Subes, fueron escuchadas ayer por los diputados pero solo extendieron esa medida hasta diciembre.
La extensión del plazo fue aprobada con 69 votos de todos los partidos y caducará el próximo 31 de diciembre, fecha en que cierra el año fiscal.
Los buseros pretendían que la tarjeta no entrara en vigencia mañana como una obligatoriedad, ya que el decreto 89 establece hasta el 21 de noviembre para que los transportistas implementen los mecanismos para ejecutar el cobro electrónico.
De no prorrogarse las Disposiciones Transitorias a la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público, los transportistas iban a perder el subsidio de $0.04 por pasajero movilizado en autobús y $0.02 por microbús.
De acuerdo con Juan Pablo Álvarez, de Rutas Unidas, 3 mil 850 unidades de transporte no recibirían el subsidio porque no cuentan con el dispositivo de cobro.
Agregó que si la Asamblea Legislativa no prorroga ese decreto, obligará a cerca de 2.5 millones de personas que transitan por el Área Metropolitana de San Salvador a utilizar la tarjeta Subes.
Álvarez había dicho que, en caso los diputados de las diversas fracciones no aprobaran la disposición antes de que finalice este año habían decidido presentar una nueva solicitud para una próxima extensión del plazo del decreto, es decir, que su vencimiento fuera el próximo año.
Desde un inicio, la petición que presentaron los transportistas contaba con el apoyo de las fracciones de ARENA, PCN y GANA.
Problemas de caja chica
Según Juan Pablo Álvarez, de no prorrogarse el decreto 89, los propietarios de las 3 mil 850 unidades del transporte tendrían problemas económicos al término del 2015 porque no tendrían de dónde sacar el dinero que reciben vía subsidio.
“Complicaría para el pago de aguinaldos (a los motoristas) y muchos pagos que se hacen al final del año”, aseguró ayer Álvarez antes de la aprobación del decreto.
Dijo además que el no contar con el subsidio los mete en problemas para el pago que las pandillas les hacen vía extorsiones “porque ellos también piden más como que fueran trabajadores”, afirmó.
Añadió que esa situación les genera además represalias de estos grupos, ya que atentan contra las unidades y sus empleados.