Sin determinar la cuantía de la pensión o indemnización a pagarle a los veteranos de guerra del FMLN y de la Fuerza Armada, la Asamblea Legislativa aprobó ayer una ley para que este sector de la población obtenga beneficios sociales. La medida abarca a quienes no fueron indemnizados después de los Acuerdos de Paz de 1992.
La normativa ordena que los desmovilizados tras el conflicto armado tendrán derecho a recibir atención “privilegiada” en salud, educación, becas, créditos, inserción productiva y otros beneficios que puedan autorizarse después.
Los veteranos celebraron ayer la aprobación de la normativa tras varios meses de insistencia a los diputados y de protestas frente al edificio de la Asamblea Legislativa.
Ayer no fue la excepción y decenas de desmovilizados se apostaron desde tempranas horas de la mañana a la espera de que el Congreso diera luz verde a la ley.
Según la diputada Milena de Escalón, de ARENA, son 52 mil excombatientes de la Fuerza Armada y 25 mil del FMLN que están registrados como ciudadanos que no tienen ninguna prestación social ni económica.
Lorena Peña, del FMLN, expresó que deben analizar el censo que realizó el Ejecutivo para determinar cuántos en realidad serían los beneficiados y a cuánto ascendería el monto de la pensión.
Mario Ponce, del PCN, explicó que el gobierno les ha expresado que cuenta con $72 millones para aplicar las prestaciones sociales, pero que la facultad de los legisladores no es la de fijar los montos, porque eso dependerá de la disponibilidad de fondos que tenga el Ejecutivo.
Pero enfatizó que la obligación que tiene el Gobierno de otorgar las prestaciones estipuladas en la ley no lo puede incumplir. En la misma sintonía opinó la diputada arenera.
Guillermo Gallegos, de GANA, insistió que si bien no hay monto fijado el gobierno debe entregar la pensión. Los veteranos han pedido al menos dos salarios mínimos.