Una abrumadora mayoría de ciudadanos considera que el país necesita una comisión internacional para que investigue la corrupción, un tema que ha estado en el ojo público desde que en Guatemala una instancia de este tipo contribuyera a destapar casos graves que han dejado implicados y bajo prisión preventiva al expresidente de ese país, Otto Pérez Molina, y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Nueve de cada 10 salvadoreños que respondieron en la reciente encuesta realizada por Predictvia para El Diario de Hoy están en favor de que se cree una instancia similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).
El resultado se obtiene de la innovadora metodología basada en un análisis predictivo-matemático que utiliza las redes sociales (Ver recuadro que explica metodología).
Predictvia garantizó la precisión del estudio a través de un levantamiento muestral probabilístico y la representatividad utilizando información auxiliar de censos de población nacional; participaron 39,312 usuarios, de donde se obtuvo la muestra de 3,343 encuestados.
A la pregunta: “¿Estaría a favor de la creación de un ente paralelo a la Fiscalía para investigar casos de corrupción?”, un 91 % de las personas mayores de 18 años, entrevistadas entre el 23 de octubre al 4 de noviembre de este año, respondió afirmativamente.
Las motivaciones para respaldar una comisión anticorrupción varían de acuerdo con su particular percepción de la realidad nacional. Una tercera parte de ellos argumenta de que hay un exceso de corrupción en el país.
Pero otro 22 % la respaldaría porque cree que hay demasiados casos sin procesar mientras otro importante 18 % considera que la Fiscalía General, el ente encargado de conducir la investigación de delitos en el país, no es eficiente.
La reacción de los salvadoreños se torna interesante cuando en el país se ha abierto un debate público sobre la necesidad o no de contar con una comisión auspiciada por las Naciones Unidas a fin de que se investigue la corrupción.
Distintos sectores, como el principal partido de oposición del país, gremiales empresariales, tanques de pensamiento, agrupaciones juveniles, además de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador, entre otros, han pedido una instancia de apoyo a la Fiscalía General.
Pero del otro lado, la propuesta enfrenta el rechazo del partido gobernante y de funcionarios de gobierno quienes se han escudado en variados argumentos: que el país no lo necesita, que una instancia manejada por organismos internacionales como las Naciones Unidas serían una injerencia o que El Salvador es un escenario distinto al de Guatemala.
Políticos en la mira
Mientras el debate en torno a este tema se mantiene a nivel mediático, en distintos tribunales se ventilan casos por presunta corrupción, uno de ellos en contra del expresidente Francisco Flores, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia.
El otro caso es contra el diputado suplente Wilber Rivera, a quien se le enjuicia por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
Mientras que la Fiscalía General ha acusado formalmente al diputado por Chalatenango Reynaldo López Cardoza de enriquecimiento ilícito, luego de que la Corte Suprema de Justicia en pleno ordenara abrirle un proceso tras investigarle su patrimonio personal durante su gestión como legislador.
A inicios de octubre pasado, la Corte Plena giró esa orden tras analizar e indagar las declaraciones presentadas por el legislador ante la Sección de Probidad, encontrando que no correspondía su patrimonio declarado por $1.3 millones con los ingresos salariales, tampoco que no reportó varios inmuebles ni justificó de dónde sacó el dinero para adquirirlos.
Ante ese panorama, Predictvia preguntó a los ciudadanos su opinión sobre los diputados nacionales acusados de presunta corrupción.
Prácticamente la mitad de los entrevistados (49 %) dijo que los legisladores procesados deben ser juzgados como cualquier otro ciudadano; es decir, no deben tener privilegios.
Otro 32 % de las personas consideró que los diputados procesados por supuesta corrupción no deben volver a competir en una elección o que no se les debe confiar ningún otro cargo público.
Pero hay otros ciudadanos (el 16 %) que argumentaron que una comisión anticorrupción es necesaria porque hay que juzgar a los políticos. Mientras que un 11 % señaló que sí, porque existe un compromiso político de personas que trabajan en el Órgano Judicial.
Reducir gasto y no aumentar salarios
Del escrutinio público tampoco escapa el manejo de los fondos del Estado que hacen los funcionarios públicos, y más si estos se destinan a viajes de funcionarios, a fiestas y regalos o para subirse el salario mensual.
Al preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo con el aumento de los salarios de los funcionarios públicos, un 83 % dice estar en desacuerdo contra un 9 % que lo respalda.
La mayoría de los ciudadanos (un 93 %) tampoco está de acuerdo con que se incrementen los gastos en fiestas y regalos de Navidad.
Precisamente el gasto que hiciera la Asamblea Legislativa en 2012 en la fiesta navideña, bebidas alcohólicas y regalos a diputados durante la presidencia del efemelenista Sigfrido Reyes generó un debate público, sobre todo después de que esa institución se negara dar información a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador sobre ese punto, alegando que era información inexistente.
Pero en julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea entregar dicha información, la cual incluía los gastos en adquisición de obras de arte.
Pero el rechazo a estos gastos en las instituciones del Estado no se limitan a fiestas navideñas y regalos; a los salvadoreños tampoco les agrada que los servidores públicos ocupen tanto dinero en viajes al extranjero.
En ese sentido, la encuesta también deja claro cómo la ciudadanía aboga porque incluso se reduzca en un 10 % los gastos en viajes de los funcionarios y que ese dinero sea orientado al rubro de la seguridad. Un 84 % dice que estaría de acuerdo con esa medida.
Los viajes de los funcionarios públicos, y particularmente los realizados por diputados, también ha sido objeto de intenso debate público.