El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituyó de su cargo al juez Especializado de Sentencia “B”, de San Salvador, Roger Rufino Paz, y a su secretario Ernesto Rivera Jiménez.
Aunque la remoción de los empleados fue el pasado 17 de noviembre, la información se conoció hasta ayer, según confirmaron a El Diario de Hoy fuentes de la CSJ.
El juez y su colaborador fueron suspendidos seis meses atrás, sin goce de sueldo, porque Rivera no habría incorporó documentación a algunos expedientes judiciales y ni realizado algunas diligencias en varios procesos.
Tras conocer los resultados de una auditoría de la Unidad de Sistemas Administrativos de la CSJ, los magistrados resolvieron que la responsabilidad no solo recaía en Rivera, sino también en el juzgador.
Las fuentes señalaron que ambos empleados fueron cesados a pocos días de que se venciera el plazo de la suspensión que tenían.
Agregaron que el juez no habría dejado en firme varias sentencias, por lo que se corre el riesgo de que muchos convictos que fueron condenados por él queden en libertad.
Suspenden a juez por trabajar para empresa
Este martes, el pleno de la CSJ también suspendió por seis meses al juez noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei, mientras determina si ha cometido infracciones a la Ley de la Carrera Judicial.
La investigación contra el funcionario -quien está compitiendo para ocupar el cargo de Fiscal General- inició porque desde el primero de septiembre anterior estaba brindando servicios profesionales a la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable “Etesal S. A. de C. V., según una investigación periodística de La Prensa Gráfica.
La publicación señala que Aurora Giammattei brindaba en dicha compañía “servicios profesionales como abogado para emitir opiniones y recomendaciones en cuanto a la procedencia o no de actuaciones de Etesal, elaboración de análisis y propuestas de acción penal, así como también emitir opiniones que Etesal solicite en temas diversos que conlleven el inicio de acción penal por cometimiento de delitos”.
El artículo 2, inciso 1, de La Ley de la Carrera Judicial establece que los magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz que ejerzan cargos en carácter de propietarios no pueden desempeñar actividades que puedan llevarlos a comprometer su independencia o imparcialidad.
Según la resolución, los artículos 31 y 47 de la Ley Orgánica Judicial señalan que los jueces de Paz no podrán, ni de palabra ni por escrito, promover, patrocinar o recomendar negocios ajenos, ni interceder o mediar en ellos, ni dar su asesoramiento en ninguna forma que implique ejercicio sostensible o encubierto de la abogacía.
Tampoco pueden desempeñar cargos o empleos de los otros Órganos, excepto el de profesor y diplomático en misión transitoria.
Por esta razón, el Departamento de Investigación Judicial de la CSJ inició de oficio una investigación para determinar si el juez ha cometido infracciones al régimen disciplinario de la carrera judicial.
El pleno de la Corte Suprema aclaró que la suspensión del juez no es una sanción, sino una medida cautelar para evitar que haya obstáculos en la investigación.
“De mantenerse en el cargo de juez Noveno de Paz puede impedir o entorpecer la investigación relacionada con la verificación de los procesos judiciales de los que conoce o ha conocido que pudieran vincularse con las actividades por las que es investigado”, reza parte de la resolución.
Los magistrados remitieron el caso al Departamento de Investigación Judicial.