El abogado acusador de La Prensa Gráfica, Arístides Perla, confirmó ayer que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla ratificó el proceso judicial en contra de Andrés Ricardo Ortíz Lara, a quien se le imputa la clonación del sitio web del referido periódico.
“Continúese con la instrucción formal decretada por el juez de Paz, remitente, en el presente proceso instruido en contra del imputado Andrés Ricardo Ortíz Lara, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación de distintivos comerciales, violación de los derechos de autor de falsedad material”, dijo Perla al leer la resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
Además, el tribunal le confirmó la libertad condicional (restricciones a su libertad) a Ortíz y resolvió dar tres meses de instrucción que culminarán el 23 de febrero de 2016. Después de esa fecha, el juzgado de Instrucción deberá de programar la audiencia preliminar para que las partes, Fiscalía y Defensa, puedan ofrecer las pruebas de cargo y de descargo.
Las restricciones dictadas para Ortíz Lara por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán y ratificadas por el tribunal de Instrucción tienen que ver con presentarse cada 15 días al juzgado, no salir del país, sin previa autorización del juez.
También rindió una fianza de 10,000 dólares y otra hipotecaria sobre el inmueble situado en la colonia Florencia, Soyapango.
Perla sostuvo que a la plantilla de defensores se ha sumado otro abogado con el que sumarían cuatro profesionales del Derecho que refuerzan el equipo de la defensa de Ortíz Lara.
Lo ligan con compra de sitios usados para clonar Perla vinculó este martes en el programa de opinión Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) al supuesto clonador Ricardo Andrés Ortiz Lar con la administración de los sitios que clonaron el sitio web de ese periódico en dos ocasiones.
Aseguró que las investigaciones han avanzado y se ha solicitado a la Fiscalía, quien ya lo hizo a la Corte Suprema de Justicia (CJS) que se solicite información financiera internacional de la compra de los dominios que sirvieron para clonar el sitio.
“Esos sitios fueron comprados con esas tarjetas, por qué, porque el informe financiero no lo dice, solo dice que se utilizó la tarjeta ese día, que coincide con la compra del dominio, verdad, de la, pero que falta, lo que te dije anteriormente, falta integrarla, falta integrarla con la información que venga del exterior”, dijo Perla.
Agregó que la información que venga del exterior revelará quién es el dueño de la tarjeta y “ahí con toda certeza podemos decir el vínculo, o sea, solo falta algo, pequeño detalle para cerrar la integridad de esa prueba”.
Dijo que se ha hecho el trámite con la Corte Suprema para que Corte Plena lo apruebe y espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga las gestiones necesarias en el extranjero para obtener esa información y así conocer quién hizo la compra.
La Fiscalía envió el 23 de octubre pasado la solicitud de información al exterior a la Corte Suprema, pero desconoce si la Corte Plena lo remitió a la Cancillería salvadoreña para que haga los trámites a Estados Unidos.
A juicio del abogado Perla, el hecho de clonar o atacar un sitio web legalmente establecido lo llama “ terrorismo cibernético, porque están diseñados y preparados para atacar a empresarios, a políticos, a adversarios, quien no opina como ellos, para buscar un objetivo, para engañar, para buscar mi publicidad, para yo proyectarme en mi imagen, o sea, esa es trampa, es un fraude; si yo voy a ganar una cosa, la voy a ganar bien”.
Perla: no son delitos informáticos Con respecto a los cuestionamientos en las redes sociales sobre la existencia o no de delitos informáticos en ese caso, Perla aseguró que los delitos existen y esos son los delitos que se han contemplado en la acusación ante las instancias judiciales.
Explicó que uno es la violación a distintivos comerciales, violación a los derechos de autor y derechos conexos, y la falsedad material por la información que se introdujo que no es cierta, que es falsa.
“Esos delitos sí están establecidos en la ley; lo que se cuestiona es que no están esos delitos informáticos, hombre, pero eso yo estoy de acuerdo con la gente que dice eso, no están, pero nosotros no estamos planteando delitos informáticos, estamos planteando que el medio que se utilizó para cometer estos delitos tradicionales, que están en el Código Penal fueron esos”.
Además, Perla sostuvo que el acusado no puede alegar que no sabía que lo que estaba haciendo era ilícito, porque “va orientado a algo, a un interés, como bien lo dijo él, que era de desprestigiar, de atacar a su presidente, de generar una desconfianza en la población hacia un medio de comunicación, un medio de comunicación social, que traslada información, que hace investigaciones periodísticas, que tiene credibilidad ante la gente, y en paralelo te están poniendo una noticia que ataca esos principios, hombre, es gravísimo”.
Defendió las investigaciones del caso y sostuvo que el mismo se está manejando de manera jurídica y no política. El abogado de La Prensa Gráfica dijo que esperan llegar hasta la verdad y se conozca quiénes son los responsables que han trabajado en el anonimato para afectar a ese medio de comunicación.
“Estamos esperando que las instituciones funcionen y se haga justicia con esos ataques, no es una cacería de brujas. Qué estos hechos no queden impunes” dijo.
Agregó que se espera llegar hasta que se descubra la verdad, “a que se haga justicia, y no importa quién esté involucrado, si son uno, dos, tres y quién sea, no importa, lo que importa es que se descubra la verdad, porque La Prensa Gráfica, como medio de comunicación, ha sido víctima de estos ataques cibernéticos, de personas que se esconden en el anonimato, pero lo más grave es que han utilizado su imagen y su nombre para trasladar una falsedad”.
Lo importante, según Perla, es sentar un precedente para que no se vuelvan a repetir y “para que ya no se siga desprestigiando a personas, sea quien sea, de forma irresponsable, para que no se siga dañando, en este caso en concreto, al medio de comunicación, solo por hacer investigaciones periodísticas serias, que merecen ser trasladadas a toda la sociedad salvadoreña”.
Aun cuando el caso ya ha sido judicializado, la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía sigue con las investigaciones para establecer otros involucrados.