“Fue un acuerdo de la anterior administración”

Indicó que en las discusiones entre la autónoma y Astaldi se plantearon diferentes montos para dar salida al conflicto

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Foto Por elsalv

Por Juan José Morales

2015-11-24 10:09:00

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López,  recordó que el arreglo directo entre la autónoma y la constructora italiana Astaldi fue una decisión de la anterior administración de la institución y que existió “una negociación” para llegar al pago de $108.5 millones entre las partes.

“Fue un proceso acorde a la Ley, pero fue una negociación que hizo la anterior gestión de CEL, que revisó la Corte de Cuentas. El exdiputado Mario Valiente tiene información porque nosotros le hemos dado toda la documentación para cumplir con una resolución, acorde a los principios de transparencia de la institución”, enfatizó López.

Por ello, indicó que en las discusiones entre la autónoma y Astaldi se plantearon diferentes montos para dar salida al conflicto y que al final fue el anterior titular de CEL (Leopoldo Samour) el que firmó el arreglo directo.

“Ahí se llegó a ese monto, para algunas personas puede ser mucho y para otras poco, pero al final es una negociación y así queda, así se firma, más allá de críticas o cuestiones mediaticas al respecto”, enfatizó López. 

En este sentido el titular de la CEL recordó que la institución sigue colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones que aún se realizan sobre el proyecto El Chaparral, donde ya se liberó el sitio y se prevé el reinicio de trabajos en diciembre (ver siguiente página).

Hay que recordar que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que en los contratos “llave en mano” (como en el caso de El Chaparral ),  la obra tenía que entregarse totalmente terminada y no tenía que haberse pagado más de lo ejecutado, lo cual, según la supervisión de CEL, no sobrepasaba el 29.28% de todo el proyecto hidroeléctrico.

En este caso, con el arreglo directo el gobierno del expresidente Mauricio Funes pagó a Astaldi casi $80 millones, más $28.7 millones, incluyendo el IVA, como parte de un “costo-beneficio” para evitar un posible litigio ante un tribunal internacional.