Tras analizar el informe que la CEL le entregó “a cucharadas”, tras seis meses de insistencia, el exdiputado de ARENA, Mario Valiente, asegura que la estatal “generosamente le regaló a Astaldi, con dinero de la población”, $61 millones adicionales por la represa El Chaparral, aún cuando las obras apenas reflejaban un avance del 29%.
Según Valiente con ese porcentaje de avance, “quizás se podían haber pagado (a la empresa Astaldi) hasta $47.1 millones, pero se le regalaron $61.3 millones”, consideró el exdiputado.
El informe del que habla Valiente es sobre el arreglo directo al que llegaron la empresa constructora con la CEL en 2012, después de que la firma italiana adujera que la montaña ubicada en la zona donde se ejecutaban las obras “se movió”, lo cual les acarreó “imprevistos imprevisibles”, que no estaban contemplados en el contrato original.
Sin embargo, Valiente refuta lo anterior y recuerda que se trató de un contrato llave en mano, lo que implica que no se admitían cambios.
“Además de todo esto el contrato es llave en mano, el cual es un contrato rígido que no admite órdenes de cambio ni mucho menos indemnizaciones, siendo generosos los salvadoreños podríamos haberle pagado a Astaldi $47 millones por avance de obra, pero además de eso, se le regalaron $61 millones de este pueblo salvadoreño”, alegó Valiente.
Aseguró que los datos se desprenden del valúo que refleja la CEL en el acta de la Junta Directiva número 3521 del 5 de junio de 2012, documento en el que se revela que la autónoma le pagó a la empresa italiana $21 millones “de forma injustificada”, más “$16 millones adicionales”, además de haberle pagado en concepto de indemnización $23 millones lo que da “la célebre suma de $108.5 millones por avance de obras”, acotó.
El gobierno justificó que esto fue a raíz del arreglo directo al que CEL llegó con Astaldi para evitar irse a un arbitraje internacional que le hubiera costado millones al país, según afirmaciones del expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, y del expresidente Mauricio Funes.
Pero Valiente califica de contradictorio lo actuado por los exfuncionarios, aduciendo que según el informe que la CEL le proporcionó se detalla que en “aquél momento a Astaldi ya se le habían anticipado $79 millones”.
A juicio de Valiente, en vez de que la empresa constructora recibiera más dinero, esta tenía que haber devuelto al Estado $32 millones, en vez de haber terminado pagándole, a la postre, $61 millones que en su opinión se le dieron demás.
Por estas razones, Valiente sostiene que revisando la voluminosa información que CEL le entregó tras seis meses de insistencia, con la mediación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y tras las declaraciones de los exfuncionarios Funes y Samour, concluye “que ellos dos son los directamente responsables por esta inmensa generosidad del pueblo salvadoreño”.
“¿Y por qué directamente responsables? porque queda claro según toda la información que me ha dado CEL que lo reconocen, y es del conocimiento público, que jamás existió una orden judicial para pagar ni mucho menos un fallo arbitral que ordenara esos pagos”, cuestionó.
Valiente opina que no desearía pensar mal, pero dice que después de analizar la documentación sospecha que hubo un interés detrás del arreglo directo que la CEL arregló con Astaldi.
“Dijo Funes: ‘vamos a ir a un trato directo para evitar un pago millonario por si vamos a un juicio o arbitraje’, pero pagó $61 millones por el trato directo, ¿qué es lo que uno puede pensar?: ‘te doy tanto y te doy debajo de la mesa tanto’, es inevitable pensarlo… pagar una cantidad así, sino va a recibir nada a cambio, esa es mi conclusión personal y es muy lógica”, reflexionó. el ex legislador.
Por este tipo de situaciones que calificó de “corrupción” es que en El Salvador urge que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad, pues a su criterio no es solo este caso el que podría salir a la luz, sino muchos más.
“Vienen investigadores extranjeros profesionales de alta calidad que no tienen nexos políticos, que no tienen amistades en el país, para investigar objetivamente, pero primero que todo tomar conciencia nosotros los salvadoreños, como hicieron los chapines, botaron al presidente, nunca había habido un caso igual en Centroamérica y no bajo una bandera política, (Guatemala) se unió contra la impunidad”, reflexionó.
Añadió que con la información que obtuvo de las obras “inconclusas” en la represa de El Chaparral, a través de la CEL, acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Con esta información yo se la trasladaré (al fiscal), yo creo que ya la tienen en la Fiscalía que es donde procede, para que el fiscal pueda reforzar su caso, que ya lo tiene en investigación, que es el fiscal a quien procede, espero en Dios, o este, o el nuevo que va a llegar”, dijo esperanzado.
Al respecto, el periodo del actual fiscal, Luis Martínez, vence el próximo 3 de diciembre. Actualmente, los diputados se encuentran analizando el perfil del próximo funcionario, cargo para el cual compiten 72 candidatos, entre ellos, Martínez.
Cuando se le ha consultado al fiscal sobre el proceso de investigación de las obras de El Chaparral, siempre dice que éstas han avanzado en un 80%, y que no tienen todavía un informe final de ellas.
La Fiscalía realizó un peritaje especial en las obras de la represa, tras una orden del Juzgado de Paz de San Luis La Reina, de San Miguel.
En mayo de este año los peritos concluyeron su trabajo, para el cual el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, explicó que contrataron a un equipo de geólogos, geotécnicos y consultores para el peritaje.
Además, Valiente dijo que insistirá a CEL para que le entregue información de la expansión de la 5 de Noviembre, otra planta cuestionada por el proceso de adjudicación, y para ello dijo que cuenta con el apoyo del embajador de Alemania, país que apoyó con fondos para las obras.