El exdiputado de ARENA, Mario Valiente, y el apoderado legal de la CEL, Óscar Lara, sostuvieron ayer en la entrevista Frente a Frente de TCS que la empresa Astaldi, a la que el Gobierno pagó $108.5 millones por el cese del contrato para la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, intentó quedarse con el equipo y la maquinaria, cuyo costo ya estaba incluido en dicho “arreglo directo” en el cual convinieron.
Según el apoderado de CEL, en el acuerdo entre la autónoma y la empresa constructora italiana, firmado por la Junta Directiva anterior, se agregó una cláusula que señalaba que dichos bienes podían ser arrendados a futuro por la compañía.
Esto implicaba que, a pesar de que esos bienes ya habían sido pagados, la empresa se había procurado poder disponer de los mismos cuando así lo deseara. “Quedó una cláusula donde decía que esos bienes, que ya habían sido pagados y que el presidente de Astaldi reconocía en las actas que el valúo hecho por la supervisión tomaban en cuenta esa maquinaria, podían ser arrendados en un futuro”, explicó Lara.
Según Lara, Astaldi no puede desconocer dicho valúo del equipo y la maquinaria, ya que el mismo se menciona en los documentos suscritos por su presidente (de la CEL) con la empresa, “y no puede alegar ignorancia”.
Se buscó ayer la opinión de Astaldi, a través del director de la empresa para El Salvador y Centroamérica, Mario Pieragostini, mediante su correo electrónico, pero al cierre de esta nota aún no había respondido.
Lara sostuvo que la nueva Junta Directiva de la CEL revisó el “arreglo directo” y encontró irregularidades en dicha cláusula y decidió emitir un acuerdo para proteger la maquinaria y el equipo en poder de la autónoma.
“A la luz del nuevo proyecto, vimos cuál era la situación jurídica de esos bienes, y al detectar esa irregularidad, emite la Junta Directiva actual de la CEL un acuerdo que mandata que esos bienes sean jurídicamente defendidos”, manifestó.
Dijo que, sin importar las decisiones tomadas por los directores anteriores, “la Junta Directiva de CEL está atenta a defender los intereses de la institución”.
Mientras, el exlegislador sostuvo que ya se había pagado una “suma global” que incluía la adquisición del equipo y la maquinaria.