El exdiputado Mario Valiente declaró ayer que fue el expresidente Mauricio Funes quien tomó la decisión de que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) llegara a un “arreglo directo” con la empresa Astaldi, lo cual significó para el país terminar pagando $108.5 millones por una obra que fue dejada inconclusa por la firma italiana.
Dicho arreglo se produjo cuando el presidente de la CEL era Leopoldo Samour, con los votos de cinco directores, pese a que la obra apenas tenía un avance del 29.28%, según Valiente.
“La decisión fue del presidente de la República. Ningún presidente de la CEL, ni el actual, don David López, ni la Junta Directiva, van a tomarse por sí mismos la atribución de pagar 108.5 millones y medio sin un fallo, sin una orden judicial. A menos que el presidente del momento, el presidente de aquel momento, que es el jefe de ellos, se los ordene”, sostuvo Valiente en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
“Si yo hubiera estado en esa directiva, y a mí (Mauricio) Funes me ordena que tengo que firmar eso, yo me zafo y me voy, a menos que haya otras razones, porque uno no puede evitar pensarlo. No estoy acusando a nadie porque no estaba ahí… No hay manera de que alguien ponga su firma para regalar $108.5 millones y medio del pueblo salvadoreño”, señaló Valiente, exalcalde de San Salvador y exlegislador por el opositor partido ARENA.
A juicio del arenero, quien solicitó información a la CEL sobre los detalles del acuerdo, ningún funcionario puede aceptar un arreglo directo como el tomado con Astaldi si no es con el respaldo de una orden judicial o un arbitraje.
“Ningún funcionario, constitucionalmente hablando, puede erogar un cinco en una negociación directa si no es con orden judicial o con un arbitraje. Eso es innegable”, precisó.
Además, explicó que se trata de un contrato “llave en mano”, el cual no puede ser alterado en el transcurso de la construcción de la obra. “Lo que no podemos poner en duda es que un (contrato) ‘llave en mano’ no admite órdenes de cambio”, explicó Valiente.
El exlegislador señaló que el costo directo por el avance de la obra, de acuerdo con la directiva que presidía Samour, era de $47 millones, además de $21 millones por gastos de administración y utilidades, más $16 de otros gastos y la indemnización de $23.5 millones, que recibió al final y que, según el exlegislador, no aplicaba.
“En total, le regalamos a Astaldi, de esos $108.5 millones, si quitamos los costos directos de avance de la obra, el pueblo salvadoreño que necesita tantas cosas, $61 millones. Cuando uno ve estas cosas, no puede menos que pensar que esto no me huele bien”, dijo.
De acuerdo con el exdiputado, la CEL debió pagar a lo sumo $47.1 millones correspondientes al avance de la obra, y no los $108.5 millones. Estos datos se desprenden del acta de la Junta Directiva número 3521 del 5 de junio de 2012.
“Yo entiendo que a un directivo se lo pueden enganchar porque, al final, yo he estado en directivas y uno llega, le dan la información, el presidente es el responsable y uno de buena fe dice que está de acuerdo… Pero el presidente (de la CEL) sí sabía lo que estaba haciendo”, agregó el exlegislador de ARENA.
El tricolor manifestó que acudirá a la Fiscalía con la información que recibió de la CEL por orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
CEL: “No podemos sacar conclusiones”
Por su parte, el apoderado legal de la CEL, Óscar Lara, señaló en la misma entrevista que la actual Junta Directiva de la autónoma no puede dar una conclusión de por qué la anterior directiva decidió tomar el “arreglo directo” y el consecuente pago de $108 millones con la constructora pese a que dejó inconclusa la obra.
“Por la calidad que tengo y la responsabilidad que como institución tenemos, debemos ser muy cuidadosos con las conclusiones a emitir sobre este caso. Nos queremos únicamente remitir a la información que en un momento determinado se ha proporcionado y queremos dejar que las conclusiones las emita la entidad correspondiente”, aseguró Lara.
Eso sí, sostuvo que en los documentos entregados a Valiente se advierte que la Corte de Cuentas dijo a la directiva de ese entonces que era procedente un arreglo directo pese a ser un contrato “llave en mano”. No obstante, para el exdiputado Valiente estas resoluciones de la Corte de Cuentas no eran “vinculantes” u obligatorias. “La Corte expresa, a priori, una opinión, pero más nada. En ese momento la Corte estaba emitiendo una opinión”, enfatizó Valiente.
Funes justificó arreglo
En su momento, Funes defendió el pago argumentando que hubiera sido más caro para el país que la empresa italiana hubiera solicitado un arbitraje internacional.
“Si el presidente de la CEL no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje internacional que le implicaría una erogación mayor al Estado, pérdida de tiempo y parálisis de la obra. Porque mientras estuviera el arbitraje no pudiéramos hacer ninguna nueva licitación para retomar la obra”, justificó Funes.
El mismo exmandatario reconoció en su momento que el pago a Astaldi implicaba una erogación extra, pero aseguró que el mismo fue apegado a la ley y que no era necesario investigar el caso.
“¿Por qué voy a investigar algo que está apegado a la ley? ¿Por qué voy a investigar algo que si bien es cierto que implica una erogación adicional a la CEL como de 23 millones de dólares?”, acotó.
“Él (presidente de la CEL) tiene la facultad para hacerlo (…) Tuvimos que pagar un poco más, sí, como resultado de la negociación, pero no fuimos nosotros quienes arbitrariamente decidimos suspender el contrato. Los peritos indicaron que había que suspender el contrato y hacer un nuevo diseño, y al hacer un nuevo diseño el contrato anterior no funcionaba porque era contrato llave en mano y por lo tanto no acepta modificaciones”.
El exmandatario publicó ayer en las redes sociales que sólo la Fiscalía y la Corte de Cuentas pueden señalar irregularidades en el caso de El Chaparral.
“Las conjeturas de ex diputado Valiente de ARENA no pasan del chambre”, escribió.