Con 44 votos del FMLN, GANA y de los pecenistas Francisco Merino y Reynaldo López Cardoza, se ratificó anoche la adhesión del país al Estatuto de Roma, con lo cual se avala que crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por salvadoreños, sean juzgados por la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda.
Sin los votos de ARENA y de varios diputados del PCN, entre ellos Mario Ponce, se avaló sumarse a esa instancia internacional. Los tricolores no dieron sus votos a la ratificación aduciendo que antes de formar parte del Estatuto de Roma, se debió de reformar la Constitución de la República, para no caer en ilegalidades.
“Consideramos que en este momento no se puede ratificar el Estatuto de Roma porque hay unas incongruencias, unas incompatibilidades con la Constitución de la República, particularmente en el tema de extradición y de las cadenas perpetuas”, externó el diputado de ARENA, Johnny Wright Sol, quien es miembro de la comisión de Relaciones Exteriores que impulsó dicha reforma.
Para el diputado René Portillo Cuadra, como areneros no se oponen a que El Salvador sea parte del Estatuto de Roma, pero aclaró que para ello se necesitan reformas constitucionales, pues la entrega de un salvadoreño a la Corte Penal Internacional para que sea juzgado, es igual a extraditarlo, lo cual riñe con la Carta Magna.
“Eso es exactamente igual a lo que se regula en nuestra Constitución para la extradición; es decir, el Estado le entrega a otro Estado al imputado para que lo juzgue en su país; si eso es así, similar al que se regula en los artículos 59 y 60 del Estatuto de Roma, eso lo que indica es que el Estatuto de Roma no se puede aprobar con 43 votos, sino con 56 votos”, argumentó Portillo Cuadra.
Además advirtió que las amnistías, los indultos y las conmutaciones de las penas que son facultades del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, se verían “alteradas”, por la intervención de la CPI, entre otros aspectos.
No obstante, la diputada del FMLN, Karina Sosa, explicó que no es así como argumentan los tricolores, pues según dijo, al entregar a un compatriota a la CPI no se cae en la figura de la extradición. Aseveró que no hay inconstitucionalidades.
“No es retroactivo, no hay inconstitucionalidad. Hay un principio bien fuerte que es el de complementariedad y cooperación que es precisamente que el Estatuto es muy respetuoso de los mecanismos y la legislación de cada país; entonces, actúa de manera complementaria”, defendió la efemelenista.
Sosa también detalló que el Estatuto de Roma es preciso en los delitos a perseguir. Mencionó los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, y los casos de genocidio.
“Hay un cierto temor de la retroactividad del Estatuto de Roma, se nos ha explicado que esto no es retroactivo, en ninguna parte (del mundo) es retroactivo, esto es a partir de que se adhiere el país. En lo personal yo sí apruebo el Estatuto de Roma”, externó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
Pecenistas divididos
Pero el pecenista, Mario Ponce, quien explicó que su partido dejó en libertad a sus diputados para votar “conforme a su conciencia”, dijo que él no votaría porque el Estatuto tiene varias “contradicciones con la Carta Magna”.
“Requiere adecuar nuestro marco jurídico en materia penal para que esté acorde al Estatuto, y no lo hemos hecho”, razonó Ponce.
Argumentó que el artículo 21 del Estatuto habla de hacer enmiendas a futuro, y que eso pueda prestarse para que algunas actuaciones actuales de los policías y soldados en contra de los pandilleros puedan ser llevados a la CPI en años posteriores al ingreso de nuestro país a esa entidad.
Por su parte, el también pecenista Reynaldo López Cardoza que votó por el Estatuto, consideró que “le estamos dando certeza al país de que no va a pasar lo que pasó y que no se va a juzgar lo que ya pasó”, en referencia a los crímenes cometidos durante la pasada guerra en nuestro país, pues dijo que no es retroactivo dicho instrumento.
El diputado de GANA, Mario Tenorio, explicó que la CPI actuará solamente si las autoridades nacionales competentes no actúan en actos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometan tras la adhesión al Estatuto.