La falta de acceso a la educación inicial, a la educación Parvularia y a la educación Media es parte de la deuda que el Estado salvadoreño tiene en materia educativa con los niños y adolescentes.
Eso es lo que reitera el estudio titulado Análisis situacional de Derechos de la Niñez en El Salvador: “Una Mirada al cumplimiento del goce de los derechos a la educación y protección”, que lanzaron este viernes la Fundación Educación y Cooperación (Educo), Aldeas Infantiles SOS y la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (Cidep).
El estudio subraya el hecho de que 13 de cada mil infantes de entre cero y tres años no reciben educación inicial, y sólo 52 de cada 100 pequeños en edad de asistir a Parvularia están en las aulas de ese nivel.
Mientras, 38 de cada cien jóvenes en edad de estudiar bachillerato lo hace.
La baja calidad educativa también es presentada como una deuda hacia estos dos sectores de la población y afecta especialmente a quienes asisten a las instituciones del sector público y en lo rural.
Humberto Barillas, consultor encargado de la investigación, dijo que esta es más de carácter cualitativo y se realizó entre agosto y octubre de este año. Incluyó entrevistas a profundidad y grupos focales en los que se involucró a nueve alcaldes, diez directores de centros escolares, 300 estudiantes, 340 docentes, 288 madres y padres, así como a siete representantes del Estado y ONGs.
Barillas explicó que se ha encontrado relación entre el hecho de que los estudiantes que están en tercer ciclo y bachillerato empiezan a abandonar la escuela con la incidencia de fenómenos que se dan en su entorno.
“Los niños y niñas que deberían estar en tercer ciclo y bachillerato deberían andar entre los 12 y 18 años, pero en esa misma franja usted encuentra niños con VIH, encuentra más (casos de) embarazos adolescentes, encuentra una cantidad de jóvenes que están siendo extorsionados o están siendo obligados a salirse de la escuela para evitar ser agredidos por la mara”, explicó.
Otro de los vacíos en la atención educativa de los niños y adolescentes es la insuficiente e inadecuada infraestructura escolar que persiste en el sistema educativo público.
Eso, indica Barillas, no garantiza un entorno de protección ni motiva a los escolares.
Seis de cada diez centros escolares reportan algún tipo de deterioro en sus instalaciones y más de 800 escuelas enfrentan riesgo ante desastres naturales, se advierte en el análisis que retoma datos de los años 2012 a 2015.
A ello se suma que el 50 % de la infraestructura educativa pública, es decir 2,586 centros, tienen más de 60 años de construcción sin que se les de mantenimiento.
De allí que plantea que se debe trabajar para lograr establecer de manera progresiva el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, dentro de lo cual se debe priorizar la inversión en infraestructura escolar, la formación sistemática de docentes para mejorar sus capacidades para el desarrollo de competencias y atención a primera infancia, secundaria y media.
Alicia Ávila, directora de país de la Fundación Educo, expuso que el ministerio de Educación debe instalar un sistema de supervisión y evaluación al trabajo que hacen los docentes porque la carga administrativa que estos tienen en la actualidad “es demasiado fuerte y les consume lo que ellos deben dedicar a la gestión pedagógica”.
Ávila sostiene que también se recomienda que las capacitaciones que se imparten a los docentes sean más cualificadas, es decir, que no sólo aborden aspectos metodológicos porque los maestros necesitan especialización.
Sin protección
El estudio aborda las carencias en el campo de la protección a la niñez y adolescencia.
Y es que según indica, el sistema de protección todavía no alcanza el nivel de instalación y funcionamiento requerido para avanzar en una cultura de prevención, alerta, denuncia de las vulneraciones a la niñez y adolescencia, pues según destaca, sólo hay 20 Comités Locales de Protección conformados en los 262 municipios del país.
En el tema de la violencia el análisis subraya que la niñez y adolescencia son víctimas de este fenómeno, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidos como la familia, escuela y comunidad.
“La inseguridad está impactando fuertemente a los niños, a las niñas. El estudio definitivamente encuentra que es una limitante para que el niño pueda acceder, incluso, a ir a la escuela porque hay territorios que están controlados por diferentes pandillas…”, explicó Ávila.
La directora de país de la Fundación Educo también apunta que muchos infantes son víctimas de homicidios, de vulneración a su integridad física o sexual en sus casas y comunidades que antes eran lugares que podían considerarse seguros.
En palabras de la representante de Educo la violencia no se va a detener ampliando la capacidad del Estado. Se necesitan acciones preventivas que nazcan desde lo local y en ello tienen un rol clave las municipalidades, así como la asignación financiera que se les pueda dar para cumplir con ello.
De acuerdo con Ávila, se hace notar que si bien la familia, de cara a la Constitución de la República y la Ley Lepina, tiene un rol protagónico como principal garante de los derechos de los niños, esta se encuentra desintegrada y en ese sentido los pequeños quedan vulnerables.
“Por eso la recomendación de que el Estado le apueste al fortalecimiento del rol de la familia en el diseño que ahora tienen. Ya no es papá, mamá, pero hay tíos, primos cuidadores”, sostiene Ávila.
Al respecto, Humberto Barillas advirtió que una de las cosas que encontraron es que no hay suficientes programas que pretendan atender a la familia, fortalecerlas en prácticas de crianza, en transformación de patrones culturales, en cambio de enfoque tutelar.
“Hay esfuerzos de las ONGs, algunos esfuerzos instalados ya por años que creo podría tener un rato más de vigencia, pero que todos deberían ser repensados, revisados, de acuerdo a la nueva realidad que tiene la población, la familia, la niñez y adolescencia”, advirtió.
Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), consultada sobre el tema de la violencia señaló que el accionar delincuencial a mutado y está afectando a todas las personas.
“Este es un fenómeno muy amplio, muy complejo que demanda dos intervenciones: la que ya se está haciendo que es la represión del delito, la investigación y procesamiento, y un refuerzo significativo en la prevención y en la atención de las familias para sembrar valores para la protección especial”, subrayó Navas.
Lilian de Benavides, directora nacional de Educación de Primera Infancia del Ministerio de Educación (Mined), señaló que por parte de esa cartera de Estado se están haciendo esfuerzos significativos por ampliar la cobertura en ese nivel.
Reconoció que si bien para el 2016 llevan un poco más de fondos para impulsar acciones en este nivel, sí requieren más y harán la solicitud de fondos.