Los exjueces especializados de San Miguel, Enrrique Beltrán, Jorge González y Rodolfo Castillo, fueron enviados a juicio, según resolvió el tribunal Segundo de Instrucción de San Miguel. La resolución fue emitida este lunes por la titular del juzgado, Basilea Portillo, quien encontró indicios suficientes para enviar a la siguiente etapa a los tres ex juzgadores.
Los procesados pasaron a la etapa de juicio, pero seguirán en libertad por haber cumplido las medidas sustitutivas al arresto impuestas al inicio del poceso. Unicamente el exjuez Beltrán enfrentará en detención la nueva etapa, pues se encuentra detenido por otro proceso que la Fiscalía inició contra él y 10 personas más, incluido el exjuez González, la semana anterior.
Según el tribunal Segundo de Instrucción, las pruebas presentadas por Fiscalía, basadas en escuchas telefónicas y la declaración de un testigo criteriado, reunían suficientes elementos para inferir la participación de los acusados en los delitos de soborno que les imputan.
La jueza del caso argumentó su decisión en que la Fiscalia presentó audios que al ser cotejados con fechas acreditadas en otras pruebas como bitacoras de llamadas y la declaración de un testigo criteriado, dejaban al descubierto la probabilidad de la participación de los jueces en los casos imputados.
En el caso de González, a quien lo vincularon a dos de los 12 casos imputados por la Fiscalia, el tribulal lo envió a juicio por un caso en el que habría recibido dos teléfonos inteligentes a cambio de, presuntamente, ayudar a favorecer a un imputado. Mientras que lo sobreseyeron definitivamente por otro más en donde la parte acusadora no robusteció la prueba.
La Fiscalía dijo que apelará la resolución en el caso del sobreseimiento de González.
Mientras que los exjueces Beltrán y Castillo fueron enviados a juicio por tener prueba en su contra en seis y cinco casos, respecticamente, según lo razonó el tribunal. La prueba descansó en los audios que establecían las negociaciones entre delincuentes o sus familiares, con colaboradores de los juzgados especializados, situación que según el criterio del tribunal, no debían desconocer los ex jueces procesados.
En uno de los casos, que Fiscalía identifica como Caso 2, lograron determinar la participación de los tres profesionales, que es donde Gonzáles habria pedido los celulares y los otros involucrados dinero.
La Fiscalía expuso en sus argumentos, durante la audiencia, realizada semanas atrás, que los exaplicadores de justicia supuestamente negociaron resoluciones judiciales absolutorias en casos de narcotráfico y homicidio a cambio de recibir dádivas, según la acusación planteada en el inicio de la diligencia de instrucción.
La Fiscalía tuvo como principal prueba las escuchas telefónicas, según lo presentado en el inicio de la audiencia y los argumentos esgrimidos por el tribunal, a lo que se sumó la declaración del testigo criteriado con clave “Ades”.
El tribunal detalló que en hay audios especificos en los que se identifica con nombre y apellido a los imputados, delincuentes, colaboradores jurídicos y abogados que participaban de las negociaciones para favorecer procesos judiciales por los que la Fiscalía procesa a los jueces.
En esas grabaciones se habla de montos de hasta 75 mil dólares solicitados, presuntamente , por los juzgadores a cambio de alterar resoluciones.
El otro proceso
Además del proceso que se pasó a etapa de juicio, los exjueces Beltrán y González enfrentaron la justicia el viernes anterior en el juzgado Primero de Paz, en donde se resolvió enviarlos a la fase de instrucción por los delitos de cohecho propio y prevaricato.
En el caso de González, enfrentará la acusación en libertad, mientras que Beltrán lo hará en prisión. La razón, el juzgador aseguró que existía un riesgo de fuga, dada la cantidad de casos que se le acumulan al exjuez y que la penalidad sería grande de ser encontrado culpable.
Juntos a los exjueces son procesados al menos ocho abogados y exfiscales acusados de diferentes delitos, incluido Marvin William González, exregidor de la alcaldía de San Miguel durante la gestión de Wilfredo Salgado.
Todos los abogados son procesados en libertad.