Se han agotados todos los recursos para evitar que el salvadoreño Alfredo R. Prieto, de 49 años, vaya al patíbulo la noche de este jueves para recibir la inyección letal y cumplir así la sentencia impuesta por un tribunal de conciencia y ordenada por un juez Randy Bellows de la Corte de Fairfax, en Virginia, en el año 2008 y ratificada en 2010 por la Cámara de Apelaciones de ese Estado vecino de Washington DC.
Prieto ha sido calificado como un asesino serial por la frialdad con la que cometió sus múltiples crímenes entre 1988 y 1992, cuando residía en Virginia y donde asesinó a tres jóvenes con lujo de barbarie, su defensa ha insistido en que Prieto tiene un desorden mental, por lo que no calificaría para recibir la pena capital.
El convicto llegó extraditado de California en 2007, donde se enfrentaba también a una sentencia de pena de muerte por el asesinato y violación de una menor de edad, en el condado de Ontario, en el año 1990.
La solicitud de clemencia ante el gobernador demócrata de Virginia, Terry McAuliffe, tampoco dio resultados cuando este martes, el jefe del ejecutivo de ese estado, le negó la petición y con ello ha dado el visto bueno para que Prieto sea ejecutado en el centro Correccional de Greenville, en la localidad de Jarratt, ubicada a unos 270 kilómetros al sur de la capital estadounidense.
Cuando el tribunal de Virginia lo sentó en el banquillo de los acusados respondió por los asesinatos contra los jóvenes Rachael Raver y su novio Warren Fulton, ambos de 22 años y recién graduados de la Universidad George Washington, en 1988, quienes fueron raptados por Prieto en algún punto de la ciudad de Washington y sus cadáveres aparecieron a principios de diciembre de ese año, unos dos días después de ser asesinados en un predio rústico en la zona de Springfield, en Virginia.
Las investigaciones que se han ampliado por homicidios sin resolver durante esos años a través de cotejar los bancos de datos de ADN se ha confirmado también que este asesino en serio es el responsable de la muerte de la joven afroamericana Verónica “Tina” Jefferson, entonces de 24 años, a quien raptó de un estacionamiento de una tienda de 7 Eleven y la Columbia Pike, en Arlington, en mayo de 1988, a quien también violó y asesinó en un estacionamiento de una escuela de esa ciudad.
Los familiares de Jefferson, Fulton y Raver han mostrado su satisfacción por la condena contra este salvadoreño, pero solo un hermano de Fulton, ha declarado a los medios de comunicación que se trasladaría al centro carcelario para presenciar la ejecución de Prieto, en memoria de su hermano que fue ejecutado con un disparo en la nuca, luego de ser obligado a arrodillarse ante el asesino.
A Rachael la persiguió entre la maleza y le disparó por la espalda, la joven aún con vida fue violada y rematada por el criminal, cuyos detalles de los hechos se expusieron durante el juicio que duró tres semanas a principios de 2008.
Luego de esa ola de crímenes en el área Metropolitana de Washington, Prieto se mudó a California, donde continuó operando con un patrón similar, jóvenes de ambos sexos a los que ejecutaba sin ninguna compasión. Las pruebas de ADN relacionan al convicto con por lo menos ocho homicidios. Pero sólo por tres ha sido enjuiciado.
CIDH pide medidas cautelares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ente adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA, también ha pedido que se suspenda la aplicación de la inyección letal a Alfredo R. Prieto, a quien los sicólogos citados por la defensa durante el juicio y la etapa de apelación, dijeron que el impacto de la Guerra civil en El Salvador (1980 – 1992) y la extrema pobreza en que vivió durante su infancia condicionaron el desorden psicopático para convertirlo en un asesino.
La CIDH se pronunció en Washington este martes para pedir de urgencia una solicitud de medidas cautelares a favor de convicto, bajo el argumento que la aplicación de la pena capital estaría violentando varios artículos de la Declaración de Derechos Humanos.
“Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentados por los solicitantes, la Comisión considera que, si el señor Alfredo Rolando Prieto es ejecutado sin tener la oportunidad de examinar a profundidad su caso, se afectarían potenciales remedios y ocasionarían daños irreparables”, reza la declaración del organismo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el proceder de las autoridades de Virginia, según el protocolo establecido a inyectar por vía intravenosa los químicos al convicto, a las 8 de la noche, hora del este, se estarían violentando los artículos I, que concierne al derecho a la vida, la seguridad e integridad de la persona.
El artículo 18 que apela a la justicia y el artículo 19 relacionado con la petición, más el capítulo 26 que ordena un proceso regular justo, según las explicaciones de la Comisión para apelar a la solicitud de medidas cautelares.
La aplicación de la pena capital contra el salvadoreño se estaría realizando justo a una semana que el Papa Francisco, en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, pidió abolir la pena de muerte en ese país y trabajar para la reintegración social de los prisioneros.
En el estado de Virginia se han ejecutado desde septiembre de 1976, que fue reinstalada la pena capital, 110 convictos, la primera ejecución se realizó en 1982; solo ocho han logrado clemencia del gobernador en turno. Antes de ser reinstalada la pena máxima en Virginia fueron ejecutados 1277 convictos, en los más de 200 años de historia post colonial.