El presupuesto de la nación para 2016 proyecta más gastos y menos ingresos. Eso es lo que se desprende del análisis de los datos que ha presentado el ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con las cifras, el gobierno continuaría con la tendencia a incrementar el déficit fiscal, es decir el desequilibrio entre los ingresos y los gastos. Hacienda proyecta un déficit del 3.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un ahorro de 1.4 %.
A la luz de esos datos, el escenario que ven algunos economistas es que para lograr “equilibrar” las finanzas del Estado, el gobierno tendría que recurrir a más deuda.
Pero organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que pedir financiamiento a la banca multilateral para contraer las deficiencias de ingreso o apostar por deuda flotante (Letras de Tesorería y Eurobonos) afectarán la economía nacional.
En ese sentido, el economista Rafael Lemus, opina que la alternativa es replantear el presupuesto con cifras de crecimiento reales, que no sobrepasen el 2.6 % del PIB proyectado por el Banco Central de Reserva (BCR) para 2016, aunque el gabinete económico coordinado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, contempla que se puede crecer al 2.9 %.
“A mí me sorprende que no exista coherencia entre la proyección del PIB del BCR y la de Hacienda, porque mientras más alta es la cifra proyectada en un presupuesto, más es la sobreestimación de ingresos en una economía de lento crecimiento. Incluso con los gastos que se distribuyen con esos ingresos inflados, si al final se ejecutan, terminan en más déficit”, consideró el experto.
Es de destacar que de los $4,860.8 millones que solicita Hacienda como presupuesto, hay $3,558.4 millones para la partida de gastos corrientes, la cual abarca remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.
Mientras que los ingresos proyectados se estiman en $4,463.9 millones con un complemento de $250.1 millones de préstamos, los cuales, según Lemus, no corresponden a lo que luego solicita el gobierno.
Sin embargo, hay que destacar que en la presentación que ha hecho el ministro de Hacienda no se detallan erogaciones para pago de préstamos, de Letes. Tampoco está contemplada la inversión en el plan de seguridad “El Salvador seguro”.
De hecho, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, reconoció el miércoles que siempre se aprueban presupuestos donde el total de deuda pública “no está contemplada” debido a la naturaleza de la ejecución del Gobierno, porque cada año se aprueban y realizan proyectos en diferentes carteras de Estado.
“Lo que está planteando el ministro es un congruente con la realidad del país, todos los ministerios han realizado significativas reducciones en el gasto para apostar a la inversión, aunque esto no necesariamente conlleva no contraer más deuda para realizar otros proyectos”, matizó Peña.
Sin embargo, Lemus considera que en un escenario “de responsabilidad fiscal” lo más adecuado es frenar el crecimiento del endeudamiento (casi un 60 % del PIB, unos $16,142 millones, según el BCR) y obtener fondos de ahorros a mediano plazo.
En la misma sintonía, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha planteado iniciar un recorte en los gastos en Casa Presidencial y en varias dependencias -incluyendo la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia- para financiar propuestas de seguridad y no gravar con más impuestos a la población, porque no incentiva el consumo y la adquisición de bienes y servicios, como los de telecomunicaciones.
“Desde un punto de vista macroeconómico, si la demanda de endeudamiento sigue y es creciente hay un desequilibrio permanente donde la única solución es definir prioridades de Estado, no tanto en el tema del gasto corriente, que no genera rédito, sino en el de inversión”, analizó Lemus.
Bajo esta idea, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ya advirtió hace varias semanas en un análisis institucional realizado por el economista Álvaro Trigueros, que un presupuesto debe ir atado a una correcta estimación de ingresos tributarios, la inclusión de todas las devoluciones de impuestos y establecer un límite de emisión de deuda de corto plazo que no sobrepase el 15 % de los ingresos corrientes del Estado.
“La Ley de Presupuesto General del Ejercicio Financiero Fiscal del año 2016 debe ser presentada correctamente si no se quiere que el país continúe el rumbo hacia una crisis fiscal, y si se quiere construir la confianza que tanto necesita el país, por medio del cumplimiento de la legislación vigente”, planteó Fusades.
Debe tener devoluciones
Otro punto fundamental que Fusades reconoce en el documento titulado: “Lecciones del presupuesto 2015 para la formulación y aprobación del presupuesto 2016”, es que no se debe de cometer el mismo error que hace un año cuando solo se consignó $4 millones en el rubro de devoluciones de impuestos, cuando se trataba de casi $229.4 millones que se les trasladaron este año a los contribuyentes.
Cáceres dijo que la propuesta del próximo año sí incluye las devoluciones, aunque Fusades reconoce que es una práctica en la Asamblea subestimar este egreso y asignarlo a otros rubros.
“No estamos siendo irracionales en la forma en cómo administramos los gastos, por eso pedimos a los diputados de la Comisión de Hacienda que si encuentran áreas donde se deben de hacer reasignaciones las planteen y se revise con base en los ingresos que hemos estimado”, dijo Cáceres.
Por otra parte, Lemus dijo que los últimos dos gobiernos han “desvirtuado” el uso de la deuda flotante.
“Las Letras de Tesorería es algo que el gobierno ha venido desvirtuando y que se le ha hecho costumbre usarlas de forma distinta a lo que indica la Constitución de la República, porque esta dice que solo debe emplearse para corregir deficiencias temporales de ingreso, es decir, cuando entre un mes y otro hay una considerable caída en la tributación”, explicó Lemus.
De allí que Fusades propone establecer un límite para la emisión de deuda flotante que no sobrepase el 15 % de los ingresos corrientes para cumplir el artículo 227 de la Constitución.
“Como se ha demostrado un límite superior a dicho monto abre una compuerta al endeudamiento de largo plazo y se convierte en un mecanismo para evadir la responsabilidad fiscal sostenida en una política de racionalidad del gasto”, indicó Fusades.
El presupuesto 2016 iniciará su discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea la próxima semana .