Todo se desarrolló como estaba previsto en el protocolo de ejecuciones que a los convictos a la pena de muerte aplica la ley de Virginia, anoche cuando el reloj marcó a las 9:00 p.m., el salvadoreño Alfredo Prieto, condenado en 2008 a la pena capital en ese estado y ratificada su sentencia en 2010 por la Corte de Apelaciones, pasó por el procedimiento de la inyección letal.
No sin antes pasar dos días angustiosos en que el equipo de abogados públicos que le defendieron durante estos años y que movieron hasta la tarde de este jueves las últimas piezas legales que les quedaban a mano ante las instancias judiciales de Estados Unidos y de este estado de la costa este, uno de los 31 que aplica la pena de muerte, para revertir la sentencia.
La noche del miércoles, un juez de la Corte del Distrito de Alexandria, rechazó conocer el caso para discutir si la inyección letal que se le aplicaría a Prieto, importada desde el estado de Texas, y que la defensa argumentaba que causaría dolor extremo al convicto antes de morir, no tuvo mayor eco.
El juez Anthony J. Trenga envió esa misma noche el expediente con la solicitud a la Corte del Circuito de Richmond, capital del estado de Virginia, para que fuera esa otra instancia que valora ese punto.
Pero en la tarde del jueves, el tribunal referido no vio impedimentos para que Prieto, de 49 años, considerado un asesino en serie, por tres asesinatos cometidos con barbarie y por los que fue condenado a pena de muerte en California y en Virginia, fuera llevado a la sala de aplicación de la inyección letal.
Tampoco tuvo eco la solicitud de “Habeas corpus” ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para revisar la condena, con lo que todas las puertas se fueron cerrando hasta llegar a la fatídica hora asignada para purgar su pena por los asesinatos cometidos entre 1988 y 1990.
Un procedimiento de cotejo de datos de ADN y de balística realizado en crímenes que no habían sido resueltos en Virginia, gracias a las nuevas tecnologías y los bancos de datos concentrados de datos científicos, los investigadores encontraron -después de la sentencia de pena capital- que Alfredo Prieto cometió a lo menos nueve homicidios.
Este asesino es serie operó con un patrón particular de rapto, violación y ejecución con un disparo a sus víctimas femeninas y disparos a quemarropa a hombres, todos jóvenes, a excepción de una pareja de adultos mayores en California, en la última etapa de su accionar criminal.
La defensa tampoco logró que el gobernador de Virginia, Richard “Terry” McAuliffe, quien negó a principios de la semana el acto de clemencia para que este salvadoreño se le cambiara la sentencia, bajo el argumento de no estar apto mentalmente para ser ejecutado, como ordena la Constitución de Estados Unidos.
Durante el juicio a Prieto, que se realizó a principios de 2008 en la Corte del Condado de Fairfax, ningún familiar de se presentó para presenciar el juicio, tampoco se conoció hasta la hora de cierre de esta nota, sin algún pariente o conocido suyo viajó hasta el centro carcelario de Greenville, en la localidad de Jarratt, ubicada a unos 270 kilómetros al sur de Washington DC, para verlo por última vez en el patíbulo de la muerte.
El hermano de una de las víctimas masculinas de Prieto, Warren Fulton, asesinado junto a su novia Rachael Raver, en diciembre de 1988, en una zona de suburbios del Área Metropolitana de Washington, si confirmó a los medios de comunicación que se dirigiría al centro correccional para presencial la ejecución de Alfredo Prieto.
Por el crimen de estos jóvenes, entonces de 22 años, fue que el ejecutado fue extraditado a Virginia para ser sentado en el banquillo de los acusados, pero ya pesaba sobre el una pena de muerte impuesta en California por otro horrendo crimen contra una menor de edad.
Mas compatriotas en la lista de espera
Siete salvadoreños que aún esperan una fecha para ser llamados al patíbulo de la muerte, en concordancia con las sentencias impuestas por tribunales de justicia de distintas jurisdicciones de Estados Unidos, esperan salir de la lista fatal mientras sus abogados mueven todas las piezas para revertir los veredictos.
El Salvador ocupa la cuarta posición, después de México, que tiene 60 de sus ciudadanos condenados a la pena capital en Estados Unidos. La inyección letal es el procedimiento estandarizado en Estados Unidos para la ejecución de la pena capital.