El actual superintendente de Competencia, Francisco Díaz, se sumó ayer a la lista de 73 aspirantes al cargo de Fiscal General de la República.
Díaz, quien se ha desempeñado como superintendente de Competencia en las administraciones de Mauricio Funes desde 2011 y en la actual que preside Salvador Sánchez Cerén, fue el primero en presentarse ayer por la mañana a la Asamblea Legislativa para postularse.
Díaz ha fungido antes como director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría del Consumidor y consultor de Naciones Unidas.
Al igual que el superintendente Díaz también se ha postulado el exfiscal Belisario Artiga, quien fungió entre 1999 a 2002 y fue reelegido por un segundo periodo, de 2002 a 2005.
Uno de los casos en los que, según Artiga, se puso a prueba su capacidad fue el proceso de la niña de Katya Miranda, quien fue secuestrada y encontrada violada, siete meses antes de que asumiera el cargo.
“Yo no tuve conocimiento del día de su muerte, porque en ese momento no era fiscal, ni tuve que ver nada con la contaminación del delito que se dio en esa ocasión en ese rancho de la Costa del Sol’, dijo Artiga en una entrevista que le hiciera un medio digital fue publicada el 15 de octubre de 2014.
Casi al cierre del concurso, se postuló Alvaro Henry Campos, exviceministro de Justicia y Seguridad durante la administración del presidente Mauricio Funes.
Al mismo cargo también aspira Miguel Ángel García Argüello, quien tramitó el proceso en contra del expresidente Francisco Flores, a quien envió a juicio.
Las decisiones del juez García Argüello han sido cuestionadas por la defensa de exmandatario, que lo ha señalado de dar lineamientos de cómo proceder a los fiscales y querellantes del caso en detrimento del derecho de defensa.
Además, otros dos jueces de Tribunales de Sentencia de San Salvador y Zacatecoluca, en La Paz, también dieron a conocer sus aspiraciones al presentar sus atestados requisitos para formar parte de la elección del Fiscal General a cargo de los diputados.
Uno de ellos es José Antonio Flores, juez del Tribunal Tercero de Sentencia, quien aseguró que con su experiencia pueden contribuir a brindar una mejor justicia, lograr una mejor garantía y en cualquier momento minimizar el auge de violencia.
“Reestructurar Fiscalía es lo que nos interesa a nosotros y buscar la forma de mermar la importancia a la parte administrativa y dar más auge a la parte jurisdiccional (atender más los procesos)”, subrayó el juez.
Dijo que Fiscalía juega un papel muy importante en las resoluciones de los hechos y los jueces con su conocimiento y experiencia para proyectarse y obtener mejores logros.
Por su parte la juez Rosa Delmy Hernández secundó la posición de su colega Flores, al tiempo que afirmó que un proceso bien trabajado con toda la prueba tendrán sentencias condenatorias en los tribunales.
“Para cualquier candidato que vaya en este momento a la Fiscalía General de la República ese va hacer el reto, hacer un buen trabajo para que la población esté satisfecha y si podamos decir que tenemos calidad de justicia afirmó la jueza Hernández.
Dijo que se postuló porque hasta hace pocos días se había dicho que entre los candidatos no habían mujeres y consciente que todas las salvadoreñas tienen el valor.
“Yo tengo fe en el sistema y creo en los señores diputados quienes van a ver el curriculum de cada uno, su trayectoria no solo a nivel académico sino a nivel profesional, las habilidades, aptitudes, la experiencia, requisitos que se necesitan para este cargo, entonces yo si les doy un voto de confianza”, dijo Hernández.
En ese sentido afirmó que en los diputados no va a privar el interés político sobre la elección de elección de un buen fiscal o buena fiscal para esa institución.
Hernández aspira al cago de Fiscal General tras 30 años de trayectoria en el ejercicio de la abogacía, 21 años como jueza y nueve años colaboradora judicial. Aparte de ser abogada es notaria y recién graduada de psicología, así como mediadora autorizada por las Naciones Unidas a nivel Centroamericano, entre otros atestados.
En esa misma dirección se postuló ayer el juez 9° de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammatei y el juez Primero de Vigilancia Penitenciaria, Roberto Carlos Calderón.
El abogado Serio Hermógenes Duarte Alfaro manifestó que aspira a ser Fiscal General porque tiene 10 años de laborar para la institución y conoce todo su funcionamiento.
“Yo no quiero hablar de combate a la delincuencia sino de cumplimiento de Ley que implica aplicar a los casos que constitucionalmente está llamada. El Fiscal General aparte de ser la persona idónea para que vele por el cumplimiento de la Ley también es el ente encargado de la investigación de todo delito perseguirlo de oficio”, subrayó Duarte Alfaro.
Por su parte Jaime Ovidio Valencia, abogado y notario por más de 20 años de ejercicio ha reunido experiencia en materia penal en los tribunales de justicia. Dijo que se lanzó a esta aventura porque busca fortalecer la investigación del delito enfocado en la prueba científica pues la prueba testimonial está obsoleta.
El abogado Guillermo Lara Domínguez dijo que se desarrolla en la profesión desde 1993 y estima estar capacitado para asumir la Fiscalía General de la República.
Como abogados en el ejercicio independiente también se postuló casi al cierre del concurso, el abogado René Arnoldo Castellón Mejía quien ha participado en procesos relevantes como el caso del bulevar ExDiego de Holguín.
Para el mismo cargo también se inscribió el comisionado de la Policía Nacional Civil, José Misael Rivas Soriano, quien hace un tiempo se retiró de la institución.
De igual manera figuró en la lista de participantes en la elección del cargo, el abogado Manuel Chacón Castillo.
Para la elección del Fiscal General se requiere mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es decir el voto de 56 diputado, lo que demandará mucha negociación entre los partidos políticos.
Además en la elección del Fiscal General los diputados deberán respetar el fallo de la Sala de lo Constitucional que se refiere a que los funcionarios a elegir no deben tener militancia o vinculación política con algún partido político, pues de lo contrario podría ser declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional su nombramiento.