Los hechos de violencia en el transporte colectivo se han incrementado en 2015, a la fecha las gremiales registran 129 homicidios entre motoristas, cobradores, empresarios, pasajeros y delincuentes.
Sin terminar el 2015 la cifra solo de empleados del transporte colectivo, con 79 casos, ya superó en 15 víctimas a la del año pasado en que hubo 64 homicidios, según Fecoatrans, una de las principales asociaciones del sector.
A tres meses de que finalice el año, la cantidad de empleados del transporte público que ha muerto a la hora de trabajar se ha incrementado en un 23 por ciento con respecto al año anterior en el mismo periodo, según lo reflejan las estadísticas.
Las cifras también indican que entre las víctimas hay 49 personas asesinadas, la mayoría usuarios del transporte público y los restantes son delincuentes que murieron al enfrentarse a los pasajeros quienes por defenderse los mataron.
Al menos 17 rutas han tenido que lamentar la pérdida de un empleado o pasajeros con lo que han empañado el servicio que las diferentes rutas prestan a la ciudadanía.
“La violencia es un tema difícil no solo para el sector empresarial sino para las familias de las víctimas que les ha tocado vivir el drama humano”, manifestó el representante de la Asociación de Rutas Unidas, Juan Pablo Álvarez.
Uno de los últimos casos fue el ametrallamiento a la ruta 144A que hace su recorrido de San Salvador a San Pedro Perulapán en la que tres personas murieron, dos pasajeros y un policía al caer la noche del 16 de septiembre. En el ataque otras seis personas resultaron lesionadas.
El hecho se registró en caserío El Copinol, cantón Huiziltepeque en San Pedro Perulapán, Cuscatlán.
El representante de Rutas Unidas manifestó que hay casos en que los empresarios han tenido que abandonar sus casas junto a sus familias para huir a otra zona del país o al exterior para no ser asesinados o extorsionados.
“Han tenido que vender sus unidades para reunir dinero y escapar del peligro”, afirmó. Piden al Gobierno que impulse un plan formal de seguridad al transporte no solo en San Salvador sino en los departamentos, similar al que se empleó para erradicar los secuestros.
Catalino Miranda, representante de Fecoatrans calificó ese atentado de criminal y que pretendían sembrar el terror. Casi un mes antes, la ruta hermana 144D fue blanco de otro ataque en la que murieron cuatro personas: el cobrador, el motorista y dos pasajeros más.
La arremetida también dejó en esa ocasión a cuatro personas heridas.“Llama la atención que en el 2015, la mayoría de muertes en el transporte colectivo no han sido por accidentes de tránsito sino por la violencia”, subrayó Álvarez.
Razón tuvo el subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, que uno de los lugares más inseguros en el país son las unidades del transporte colectivo.
85 por ciento de población viaja en bus
Más preocupante es que en buses y microbuses se moviliza entre el 80 y el 85 por ciento de la fuerza laboral del país, así como los escolares y universitarios.
“Este año ha sido más violento que el anterior en materia de transporte colectivo, hemos tenido un paro al transporte público de casi una semana y los ataques vandálicos más violentos como mecanismo de presión al gobierno”, afirmó Catalino Miranda de Fecoatrans, una de las principales gremiales del transporte de pasajeros a nivel nacional.
A juicio del empresario las pandillas buscan sembrar el terror y conseguir lo que buscan, más dominio en los territorios, aumentar sus actividades delictivas, beneficios para sus compinches en la prisión y menos persecución de la Policía. El empresario sostiene que los ataques de este año a diferencia del año anterior han sido más directos a los empleados y han sido perpetrados con armas largas y de grueso calibre.
La cifra de empleados asesinados comparada con el de los usuarios, que son 49 hechos, deja entrever que el mayor interés de la delincuencia es golpear al sector de transporte.
¿Pero qué móviles han influido para que se registren estos hechos? No hay nada seguro sobre los motivos para estos hechos, y será la Fiscalía y la Policía quienes tendrán que desenredar este nudo, dice Miranda.
Pocos resultados en las investigaciones
El empresario lamentó que las autoridades no busquen esclarecer los homicidios de personas comunes y corrientes, lo que no sucede con los policías, fiscales y soldados que son investigados y en poco tiempo hay resultados.
El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde afirmó que se mantienen en persecución constante de las estructuras de las pandillas.
“Desde el primer día del sabotaje al transporte a fines de julio, nos mantenemos en constante búsqueda de todas las personas implicadas en el ataque al transporte pública y se han tomado las medidas penitenciarias”, de donde se suponen salen las órdenes de asesinatos. Dijo que varios homicidas y extorsionistas del transporte han sido capturados. 
“Lo veo bien porque es defender la institucionalidad, pero también lo veo mal porque un ciudadano normal como don Pedro o don Juan que pierde su hijo también merece el mismo respeto institucional, para que le apliquen la Ley a los asesinos, que lo que buscan con este trabajo sucio es conseguir más dinero”, afirmó Miranda.
La depuración en la industria del transporte se realiza desde 2004 cuando las autoridades motivaron a los empresarios a contratar mano de obra de individuos para su reinserción en la sociedad, pero la estrategia no funcionó sino que fracasó.
Esto significó que los empresarios por directriz del Gobierno contrataron a pandilleros que encubiertos por la farsa de dejar la pandilla y buscar su reinserción pidieron trabajo en las rutas del colectivo, pero al final más que regenerarse, la estrategia sirvió para que se infiltraran en el sector e incrementaran sus extorsiones y asesinatos de empresarios y empleados correctos de las empresas.
“Al final intentaron tomar control de varias empresas del transporte y el Estado no hizo nada. A la fecha se depuró a los malos trabajadores en casi un cien por ciento”, afirmó Miranda.
El empresario aseveró que actualmente existe el interés de los grupos delincuenciales de doblegar al Estado para alcanzar sus intereses y conseguir territorio y mantener doblegado al sector transporte a cambio de no seguir matando.
Los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia son muy pocos, “mi percepción es que las investigaciones de la Fiscalía son débiles porque los testigos no quieren colaborar”.
En estas circunstancias se le hace imposible a las autoridades investigar los hechos, si no hay testigos es muy difícil procesar y condenar a un sospechosos.
“Los delincuentes saben que matando a un testigo, los fiscales pueden llevar 20 folios o 30 folios pero no obtendrán más que cero sentencias, porque los jueces les van a desbaratar cualquier prueba que no sea el de un testigo”, explicó el Miranda.
No es que la Policía o Fiscalía no trabaje, pero cuando el temor persiste en la población de no contribuir, tampoco hay sentencia de prisión y el problema se incrementa sin mayores posibilidades de encontrar una solución.