Contar con una Ley de la Función Pública ya no permitirá seguir con la práctica del uso indiscriminado del aparato estatal para beneficiar el clientelismo político.
Con esta nueva herramienta, que vendría a sustituir la antiquísima Ley del Servicio Civil, se busca entregar calidad a la ciudadanía, a través de la fortificación de la institucionalidad estatal, fortaleciendo la contratación de personal basado en el mérito y competencias.
Además, los empleados tendrían la posibilidad de tener una carrera administrativa que le permita aspiraciones de ascenso y reforzar mecanismos para que se tutele su estabilidad laboral.
Asimismo, se buscaría ordenar las plazas en todas las dependencias públicas y que al existir una vacante, se pueda someter a un concurso público las plazas existentes.
De esta manera, sean personas con mérito quienes obtengan un espacio y no sean usadas por los titulares de cada cartera o funcionarios de alto rango quienes den esas plazas por compadrazgos o por favores a simpatizantes partidarios que apoyan a diferentes partidos durante la campaña electoral.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), destacó que en el último anteproyecto se contempla la modernización del Estado, donde se garantice que existan los mejores funcionarios y empleados públicos, con las mejores capacidades y que se contraten por razones de méritos en concursos públicos y transparentes.
También se busca disminuir los casos de corrupción y el clientelismo político.
Además resalta la importancia de contar con una carrera administrativa y que se permitan evaluaciones de desempeño y a la vez que se detecte donde estaría la deficiencia, si en la administración pública o en los funcionarios.
Castro destacó que el último proyecto está técnicamente elaborado, además de que cuenta con el visto bueno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual concluyó que no se estaba dañando los derechos de los trabajadores.
Esto debido a que la normativa ha tenido el rechazo de diferentes grupos sindicales, que ven un peligro en esta normativa, que vendría a hacer eficiente el Estado.
Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), reiteró la necesidad de una Ley de la Función Pública porque sino seguirá prestando a la contratación de personas por simpatías o por militancia partidaria. Lamentó que la propuesta de la anterior administración, encabezada por el exsubsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Antonio Morales Carbonell, no siga siendo impulsada pues era “una buena ley”.
“Preocupados porque justamente el funcionario público, se redujera el clientelismo político, el nepotismo y que ayudara a los funcionarios buenos a mejorar, entonces creo que es una ley que sus propósitos han sido muy buenos, y entiendo que es una buena ley y que obviamente produce su resistencia, y ahí quedó”, afirmó.
Javier Argueta, director jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresó la necesidad de contar con una nueva herramienta legal para cumplir con la carrera administrativa pues con la del Servicio Civil esto no se cumple.
También resalta que hay funcionarios públicos contratando a empleados por pago de favores en cuanto a campañas políticas.
“Hoy por hoy se están dando situaciones en las instituciones públicas donde están haciendo propaganda partidista lamentablemente directamente de ideologías. También están destituyendo funcionarios con la idoneidad fuerte porque no comparten ideologías políticas, están contratando personas sin hacerles la evaluación respectiva sin hacerle el examen de mérito y muchos ciudadanos se están quedando esperando la plaza”, añadió.
Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ), señaló que un funcionario debe saber cuáles son sus obligaciones, cuando se sale del marco de la ley y que hayan mecanismos para amonestar, evitar discrecionalidades y que haya un orden en el proceso de contratación de los funcionarios para que lleguen las personas más capaces y con méritos a hacer servidor público.
“Esta ley tampoco va a servir para cambiar radicalmente la situación actual, sino lo que vendría a hacer es poner un poco de orden y arreglar hacia el futuro y que sí existan mecanismos de depuración de los funcionarios públicos que se premien a los buenos”, dijo.
Nuevo anteproyecto
Han pasado más de tres años desde que el Gobierno empezó a elaborar este anteproyecto, el cual fue sometido a discusiones y contribuciones de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a políticos y asesorías de organismos internacionales como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
Fusades, Funde, Fundación DTJ, ANEP así como diputados de ARENA afirmaron que actualmente hay resistencia para que se apruebe la Ley de la Función Pública, pues es una herramienta y lamentan que se haya retrocedido en el tema.
La semana pasada, en el III Foro de la Función Pública, el Director General de Transformación del Estado, de la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia, Alberto Enríquez, afirmó que será hasta noviembre que se retome el estudio del anteproyecto, pero no el documento que trabajó la administración anterior. Aseguró que este documento solo será un insumo.
En ese evento, la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, urgió al Gobierno la pronta aprobación de dicha normativa, que además es una de las metas del Asocio para el Crecimiento, acuerdo que permitió la erogación de 220 millones de dólares de la nación norteamericana a El Salvador.
“Este nuevo marco legal vendría a sustituir al actual que data de hace más de cinco décadas y, claro, con cualquier cambio siempre existe incertidumbre… es muy natural, de ahí que la consulta, la recolección de insumos de todos los sectores de la sociedad y, particularmente, de los servidores públicos fue la mejor manera de asegurar una ley justa”, dijo Aponte.
Ante la pasividad de la antigua Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) de dar iniciativa de ley al anteproyecto, la organización GENS International presentó un proyecto el cual ya está en manos de la Asamblea Legislativa (ver nota aparte).
La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, Alejandrina Castro, expresó que aunque ve positivo que el Ejecutivo esté impulsando un anteproyecto, hay situaciones que dejan duda si hay voluntad real de hacerlo.
“Definitivamente debemos de terminar con el clientelismo. Es importante poder implementar un sistema de méritos donde cada plaza tenga las personas adecuadas según su capacidad”, finalizó.