CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunció a Cuba, Ecuador y Venezuela, entre otros países, por violaciones a la libertad de expresión.
“Lamentablemente hoy tiene uno que decir que la cosa va peor”, señaló el relator.
Al intervenir en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Relator señaló que en Cuba los derechos humanos y la libertad de expresión son violados “absoluta y sistemáticamente” con un Estado que acapara el “monopolio” de los medios.
Lanza denunció la “práctica de encarcelamiento permanente a quienes hacen uso de la manifestación pública como un derecho a la libertad de expresión y mostrar su posición disidente”, y, por supuesto, el hecho, apuntó, de que “los medios de comunicación son un monopolio en manos del Estado” cubano.
El relator de la CIDH señaló que en Ecuador existe una “profundización en el camino del autoritarismo” y en Venezuela el “hostigamiento permanente de los pocos medios independientes que quedan”.
El uruguayo diseccionó a continuación la “metodología” empleada por el Gobierno venezolano para “acaparar medios” que eran de propiedad privada para “transformarlos en medios estatales o públicos”, que, en definitiva, “se han convertido en medios para la promoción del Gobierno” y no de la “diversidad y el pluralismo”.
Por eso se mostró muy crítico con la concentración de medios en Estados latinoamericanos que “no han conseguido construir modelos y marcos normativos y políticas públicas para abordar eficazmente este problema desde una perspectiva de libertad de expresión”.
A su juicio, “la concentración indebida de los medios de comunicación”, a su juicio tiene un efecto muy negativo para la libertad de expresión y la democracia”, así como para la “creación de contenidos en materia periodística”.
“En el resto de la región la verdad que uno pensaría que deberíamos tener más campeones de la libertad de expresión, más gobiernos que se comprometan con la defensa de la libertad de expresión y que no miren para el costado, pero la verdad es que esos ejemplos no abundan”, lamentó Edison Lanza.
En las vísperas, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e información de la SIP, dijo que en Venezuela durante el último semestre el régimen de Nicolás Maduro “provocó casi 300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la información”.
También fue enfático en denunciar la “ley Mordaza” que el presidente ecuatoriano Rafael Correa aplica contra los periodistas y la prensa que quieren hacer uso de su libertad.
Agregó que esta ley, vigente desde hace dos años, se ha convertido en una presión intolerable que ha llevado a periódicos y organizaciones no gubernamentales a declararse en “resistencia”.
En lo que va del año, agregó, en Ecuador se han contabilizado 279 agresiones contra la libertad de expresión, es decir, 24 más que las registradas en todo el 2014.
“En Nicaragua quedan sólo un canal de televisión, una radio y un diario no oficialistas. Todos los demás medios están en manos del duopolio compuesto por la familia presidencial y un empresario mexicano, amigo del poder”, dijo Paolillo.
Sobre el caso argentino, señaló que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner “ha batido récords en gasto de propaganda oficial y que, a pesar de dos claras sentencias de la Corte Suprema de Justicia, continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes”.
Además, denunció que la mandataria ha abusado de las cadenas nacionales de televisión para hacer propaganda partidaria.
Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua forman parte de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América, fundada por el venezolano Hugo Chávez.
Para el comunicador, es preocupante el caso cubano, ya que después del anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, aún existe un gran “cerrojo” a la libertad de expresión.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, criticó a “los gobiernos (que) disfrazan la asfixia económica como si fueran solo vaivenes del libre mercado” para arremeter contra la prensa.
Manifestó así su “máxima preocupación por el cierre de una treintena de periódicos venezolanos por falta de papel, por las onerosas multas que aplica el gobierno de Ecuador a través de la ley mordaza de Comunicación, por la discriminación de la publicidad oficial que se comete en Argentina y en varios países del Continente”.
Esperanzas para Cuba
En la penúltima jornada de la asamblea de la SIP intervino también el subsecretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Gobierno de Estados Unidos, Gonzalo Gallegos, quien garantizó el apoyo de la administración de Barack Obama a los periodistas independientes en Cuba.
En su intervención por vídeo conferencia, Gallegos apuntó que el Gobierno estadounidense busca “formas eficaces” para el logro de la “meta final”: que los cubanos “puedan tener acceso a la información”.
Gallegos se mostró convencido, además, de que el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba “va a mejorar la vida” en la isla caribeña y potenciará el tránsito de esta nación hacia la “democracia y la prosperidad”.
Gallegos asumió que el proceso va a ser “largo” y “complejo” y que debe primar el “respeto mutuo” entre ambos países sin orillar los debates a la luz pública, aunque reconoció que el “cambio (en Cuba) no va a ser de la noche a la mañana”.
También intervino en la asamblea de la SIP el senador por Carolina del Sur (EE.UU.) Tim Scott, quien expresó su convicción de que el “diabólico” discurso de odio por motivos de raza o religión no debe forzar a modificar la Primera Enmienda de la Constitución del país, que prohíbe crear leyes que reduzcan la libertad de expresión.
“En Estados Unidos tenemos un asombroso derecho a la libertad de expresión, incluso aquellos que lo utilizan para propalar el discurso del odio” racial, dijo Scott en referencia al debate surgido recientemente sobre la conveniencia de modificar la primera enmienda, que prohíbe la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión.
Asesinatos de periodistas
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, denunció 20 asesinatos durante el último año en América Latina, al ofrecer el informe final de su mandato al frente de la organización que reúne a dueños y editores de medios del continente.
Mohme no detalló las cifras, pero según los últimos datos de la SIP solo entre enero y julio de 2015 murieron violentamente 12 periodistas, en México (3), Brasil (2) Guatemala (2), Honduras (2), Colombia (2) y Paraguay (1).
La septuagésima primera Asamblea de la SIP, que se desarrolla en Charleston, Carolina del Sur, culmina hoy con la redacción de las conclusiones finales y sus respectivas recomendaciones en materia de libertad de expresión.
Denuncian a Panamá por iniciativa de ley anti prensa
En el turno de Panamá, sus delegados pidieron a la SIP que envíe delegación para analizar y tratar con las autoridades el anteproyecto de ley que regula el ejercicio del periodismo en el país canalero.
Eduardo Quirós, presidente de la Estrella de Panamá, fue el encargado de presentar el informe panameño y destacó que el anteproyecto de ley, presentado por el diputado panameñista Juan Moya, es innecesario y puede convertirse en una ley mordaza.
Mientras que la directora del diario La Prensa, Lourdes de Obaldía, explicó a los delegados de la SIP que, pese a que el presidente Juan Carlos Varela prometió vetar la ley, esta se puede aprobar por insistencia en la Asamblea Nacional.
Quirós relató a los delegados de la SIP que el anteproyecto crea una “Comisión Técnica Académica de Periodismo” para la “acreditación profesional” que permita el ejercicio de la profesión a “los profesionales del periodismo panameño” y para la “acreditación profesional transitoria” de los profesionales extranjeros, válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año.
Además, plantea la constitución de un “Tribunal Disciplinario” que tiene, entre otras funciones, “aplicar sanciones contempladas en el Código de Ética, que incluyen hasta la suspensión de la acreditación profesional”.
El Código de Ética del Profesional del Periodismo será administrado y actualizado por la Comisión Técnica Académica de Periodismo, sin que exista una instancia democrática que dicte este Código o, lo que es peor, se fija una deontología oficial. Establece que las apelaciones de las decisiones del “Tribunal Disciplinario” se resuelven “ante el Ministerio de Gobierno”, dejando la decisión final a un funcionario político, enfatizó Quirós en el informe.
En el anteproyecto también se establecen sanciones de “prisión de dos a cinco años por el supuesto ejercicio ilegal de la profesión”.
El mismo parte de una grave confusión, dijo Quirós, al limitar la libertad de expresión, de opinión y de prensa a “principios fundamentales del ejercicio de la profesión de periodismo”, cuando son derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución Política de la República de Panamá.
El anteproyecto establece la denominada colegiatura obligatoria, al fijar como requisito para obtener el “certificado de acreditación profesional” y ser “miembro de dos organizaciones de profesionales de periodismo”, señaló Quirós.