En el Presupuesto General de la Nación que ha presentado el gobierno hay una reducción de $20 millones para pagar la tasa de interés de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), algo que según economistas podría complicar el déficit de pensiones e incidir en la situación fiscal del país.
La cifra planteada para 2016 es de $106.8 millones mientras que el año pasado se aprobó $126.8 millones para el actual ejercicio, una cifra que solo representa el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB), según el documento que contiene el presupuesto completo y que fue presentado a la Asamblea Legislativa la semana pasada.
“Lo que se puede observar es que en relación a lo que se propuso para 2015, para el próximo año habrá menos cobertura de capital e intereses en el tema previsional. Es un tema bien complicado, sobre todo, porque no sabemos cómo el gobierno corregirá la plana porque existen propuestas que incluso tomarían más dinero de la gente”, analizó el economista Rafael Lemus.
Extracto del Presupuesto General de la Nación de pensiones sobre gastos de pensiones
El especialista calculó que los $106.8 millones solo alcanzarán para el primer semestre de 2016 y que luego se deberá hacer ajustes para pagar los intereses de pensiones que no logren cubrir con ese monto.
Pese a los datos, el Secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo ayer que el gobierno busca establecer “más garantías” para el pago de las pensiones y la ampliación de la cobertura previsional.
“El propósito es asegurar que hayan pensiones para todos, que se paguen, que se aumente la cobertura para asegurar la sostenibilidad porque el sistema (actual) no tiene sostenibilidad, hay que corregir los errores de una mala reforma hecha hace 17 años”, indicó Lorenzana, mediante un comunicado difundido por Casa Presidencial.
Otro punto importante que se desprende de los datos de la Cartera de Hacienda en el presupuesto es que no está actualizado el porcentaje de la tasa de interés que se paga por los CIP. Es decir, que en el plan de gastos para 2016 se mantiene el pago del 3% a los CIP, según explicó Lemus.
El especialista advirtió que si el gobierno continúa pagando un 3% de interés para seguir emitiendo deuda previsional no solo está incumpliendo una sentencia judicial, sino que está elevando el saldo que adeuda y eso afectaría el déficit fiscal del país.
El fallo al que se refirió Lemus es el que emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2014, el cual ordenó que se pague más rentabilidad a los trabajadores por usar el dinero de las pensiones.
La Sala declaró inconstitucional cinco artículos de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
De acuerdo a Lemus, el gasto de pensiones ya superó los $400 millones y consideró que mientras no se pague una tasa de rentabilidad mayor al 7% no se puede pensar en una reforma como la que ha planteado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El plan Cáceres propone un sistema mixto de pensiones, es decir, que el trabajador aportaría fondos al gobierno y al sector privado.
Para el economisa, el hecho de no acatar la resolución de la Sala en relación a la tasa de interés de los CIP, “volvería inconstitucional todo el presupuesto”.
“Hay muchos puntos donde la propuesta de Hacienda sigue siendo vacía, porque se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos”, acotó Lemus.
En este punto la diputada de ARENA, Milena de Escalón, advirtió que el principal error del gobierno al elaborar el presupuesto fue partir de una tasa de crecimiento del 2.9% del PIB, más allá del que estima el Banco Central de Reserva (BCR) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyectan que no supera el 2.5%.
“Nosotros no estamos de acuerdo con este presupuesto, porque una vez más tenemos cifras que no corresponden a la realidad. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que su apuesta es la seguridad cuando no está ni un solo centavo para el plan El Salvador Seguro?”, dijo la legisladora, que también indicó que el tema previsional es trascendental.
La diputada señaló que Cáceres no respetó la Política de Elaboración de Presupuesto para 2016, en la cual se contempla un crecimiento real del PIB de 2.6% para el otro año y se pide más austeridad y menos gasto corriente.
Pero la presidenta de la Asamblea, la efemelenista Lorena Peña, restó importancia a los argumentos del partido opositor.
“Siempre dice eso ARENA y no tienen fundamento, deberían inventar algo nuevo porque todos los años dicen lo mismo”, dijo Peña.
Para Guillermo Gallegos, diputado de GANA, es prematuro hacer un análisis sobre el presupuesto porque se debe contrastar con las exposiciones que hagan los funcionarios ante la Comisión de Hacienda para tener “más claridad” sobre las necesidades de cada Cartera. “En este momento no estamos en la capacidad de poder decir que es desfinanciado ni financiado, aunque es importante que las áreas prioritarias del país, sobre todo seguridad, salud y educación, tengan fondos asignados para todos los proyectos”, valoró Gallegos.
Un punto donde también hay críticas de la oposición es por el monto destinado a inversión pública y el aumento en el gasto corriente, ya que de $558 millones aprobados para inversión en 2015 pasará a $549 millones en 2016. “Esto implica reducir la inversión del Gobierno de 2.14% del PIB a 2%”, dijo De Escalón.