Luego de que en Asamblea Legislativa se conociera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado que se abra juicio al diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza, por existencia de pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito, el diputado Mario Ponce, jefe de la fracción de dicho partido, aseguró que en el PCN son respetuosos de las decisiones que tomen los diferentes Órganos del Estado.
Agregó que el partido considera que ahora que se le ha abierto un proceso al diputado por el departamento de Chalatenango, él tiene la oportunidad de aclarar la situación.
“No se puede condenar a ninguna persona sin ser oída y vencida en juicio; por lo tanto él tendrá que demostrar su inocencia ante las autoridades competentes”, expresó Ponce.
Aseveró que el PCN respaldará todas aquellas acciones que los organismos del Estado tengan a bien realizar, ante la decisión acordada por la Corte Plena de la CSJ.
Ponce dijo que es la primera vez que se da una situación como esta en el partido y que es un asunto que deberá aclarar el legislador.
El diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, dijo que habrá que conocer en detalle la información y que será la Fiscalía, al final de cuentas, la que tendrá que determinar si procede un juicio o no.
“La Corte ha hecho una valoración, en base quizá a las declaraciones de probidad y tendrá que remitir (el caso) a la Fiscalía y será el Fiscal General quien decida o no (si procede)”, consideró Gallegos.
El diputado de GANA dijo desconocer las declaraciones patrimoniales de su colega.
El caso del diputado pecenista se da en un momento en el que, por decisión de Corte Plena de la CSJ, las declaraciones de bienes de los funcionarios son de carácter público.
Para el legislador de ARENA, Ernesto Muyshondt, el caso de López Cardoza podría sentar un precedente, por el hecho de que se judicialice un caso en el que hay indicios de enriquecimiento ilícito.
“Si un funcionario público, sin poder comprobar que ha sido de manera lícita, ha multiplicado su patrimonio, pues debe responder a la justicia, enfrentarla y ahí comprobar su inocencia o que se compruebe su culpabilidad ”, opinó el tricolor.
Funde: es un avance
Para Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), se debe reconocer que hay un avance en las garantías del acceso a la información que es de carácter pública, como en el caso de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
“En Funde hemos insistido, de manera reiterada, en el acceso a la información de las declaraciones patrimoniales, lo cual se logró gracias a una decisión del Instituto de Acceso a Información Pública y del Pleno de la Corte”, dijo Burgos.
Para el abogado es un logro que se investiguen este tipo de casos y que ahora tendrán que funcionar el resto de instituciones como el Órgano Judicial y la Fiscalía General, para ir más allá y que no quede solo como una sanción pública.
“Toda esta demanda ciudadana de información y de lucha contra la corrupción es lo que permite que ahora se establezca que existen discrepancias en estas declaraciones, y unas declaraciones que en primer momento no se pueden justificar”, indicó.