La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que ha creado el Departamento Técnico para el Control de la Inversión Pública (DECIP), el cual busca garantizar el buen uso de los fondos públicos.
De acuerdo a la información de la institución que se encarga de fiscalizar a las entidades del Estado, la nueva dependencia implementará procedimientos para “examinar la inversión pública y transparentar la gestión gubernamental”.
La DECIP será una dependencia de la Coordinación General de Auditoría de la Corte.
Algunas de las funciones del nuevo departamento de la CCR será emitir opiniones, mediante solicitudes internas y externas cuando le consulten sobre costos de una determinada inversión, es decir las erogaciones que realizan las instituciones estatales.
También emitirá dictámenes técnicos “colegiados” para “casos excepcionales” y lo hará a través de Comités Consultivos, indica la información difundida por la Corte.
Otra de las funciones del Departamento será dar soporte técnico en materia de fiscalización a la inversión pública dentro de las fases de auditoría y juicio de cuentas que realiza el ente contralor.
Además, propondrá y actualizará la normativa técnica que se aplicará a la fiscalización de la inversión.
En su portal, la Corte indica que ha creado guías para un “exhaustivo control” de la inversión pública. Y afirma que con la creación del nuevo departamento “fortalece el proceso de auditoría gubernamental” porque realizarán acciones de control previo y concurrente de la inversión pública, además del control que ya hacen.
Caso El Chaparral
El anuncio de la nueva dependencia de la CCR contrastan con un caso emblemático en el que la institución tiene un rol clave: el caso de la presa El Chaparral.
En un reciente informe de la Corte de Cuentas, con fecha 12 de junio de 2015, no cuestiona el arreglo directo que firmó la CEL con la empresa italiana Astaldi, a la que cual se le pagó $108.5 millones por una obra inconclusa, en el gobierno de Mauricio Funes.
La Corte tampoco plantea sanciones a la institución autónoma por ese acuerdo aun cuando le pagó a la empresa por una obra que dejó con un 29.28% de avance, aunque le entregó fondos como si llevara casi el 50% de la obra.
De igual forma, el último informe de la CCR no cuestiona por qué la CEL no procedió contra Astaldi por sus incumplimientos de contrato.
Hay que destacar que un informe inicial de los auditores de la Corte sobre El Chaparral, emitido en diciembre de 2014, sí cuestionó la legalidad del “arreglo directo” y el pago de $108.5 millones.
La Corte se resistió en un inicio a dar acceso al informe aduciendo “reserva” de la información.