La oficina fiscal de San Miguel interpondrá un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por estar en desacuerdo con una resolución de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, que ordenó que se pusiera en libertad a un fisiatra condenado por el delito de otras agresiones sexuales.
La resolución de la Cámara fue notificada el pasado miércoles a la Unidad del Menor y la Mujer de la sede fiscal de San Miguel.
Esta oficina manifestó su disconformidad por el cambio de tipificación del delito y la pena de seis años de prisión, en perjuicio de dos mujeres, impuesta en julio de este año, al fisiatra José Manuel Santos Franco, de 64 años.
La condena contra el fisiatra fue emitida por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, tras el desarrollo del juicio, durante el cual se valoró que de acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público se demostró la existencia del delito y la participación del incriminado, “por lo que lo condenó a tres años por cada una de las víctimas, haciendo un total de seis años”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Los magistrados de la Cámara, Héctor Antonio Villatoro y Elmer Leonel López Benavides consideran, en su resolución, que si bien hubo tocamientos y masajes en los glúteos y pechos en una de las víctimas, ese comportamiento se adecua al delito de acoso sexual, porque “no concurre el elemento violencia”.
Otro caso que califica de indignante
“Por lo tanto, los magistrados modificaron el delito de otras agresiones sexuales a acosos sexual, y le impusieron una pena de tres años, que serán sustituidos por trabajos de utilidad pública”, explicó la Fiscalía.
El Ministerio Público considera más indignante el caso de la otra víctima, porque según esta “no solo recibió tocamientos en sus partes íntimas, sino que el fisiatra le introdujo el dedo en su vagina”.
A pesar de estas acciones, la Cámara dejó sin efectos la condena de tres años que se le había impuesto al imputado y lo absuelve por el delito de acoso sexual, indica el Ministerio Público.
La Fiscalía tiene un plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de casación. Es decir, se le vence el próximo 21 de este mes.