Después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara el pasado martes abrir juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra Reynaldo López Cardoza, diputado por Chalatenango, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya inició la investigación sobre el caso.
Pese a ello, el proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa dependerá de la resolución que emita la Cámara Segunda de lo Civil en un juicio de carácter administrativo.
Al respecto, la investigación E-1391, por parte del Ministerio Público, se realizará en las Unidades Especializadas de Delitos de Corrupción y de Investigación Financiera, indicó ayer el Fiscal General, Luis Martínez.
Se enfocarán en indagar y determinar el origen de $1.3 millones del patrimonio de López que, según la Sección de Probidad de la CSJ, no están justificados por ingresos declarados por el legislador.
“En estos casos debemos de tener paciencia, mucha prudencia y nuestro trabajo en la Fiscalía lo hacemos con mucha efectividad y responsabilidad. Vamos hacer nuestro trabajo apegado a derecho y esperemos los resultados del equipo de fiscales”, dijo ayer Martínez sobre el caso.
Agregó que un equipo de fiscales participará en el proceso que se ventilará en la Cámara Segunda de lo Civil y que posterior a ello se decidirá si se abre o no un proceso penal.
A raíz de ello, la presidenta del Congreso, Lorena Peña, confirmó que esperarán a que llegue la solicitud formal de antejuicio por parte de la FGR para iniciar el proceso de desafuero del diputado. Incluso confirmó que el miércoles participó él en la reunión de Junta Directiva de la Asamblea, en la cual desempeña el cargo de cuarto secretario.
“Cardoza ha expresado que tiene cómo subsanar las inconsistencias encontradas por la Sección de Probidad, espero que la institucionalidad funcione y todo se desarrolle en términos apegados a las leyes vigentes”, dijo Peña.
Incluso la efemelenista recordó que el diputado puede participar en todas las actividades legislativas mientras no exista una notificación formal por parte de la Fiscalía, único ente que puede solicitar quitarle al diputado el fuero parlamentario después de una sentencia de la Sala de lo Constitucional.
El legislador dijo el miércoles, a través de un comunicado, que se mantenía en el cargo y agregó que la sección de Probidad de la CSJ “no concluyó el procedimiento”, lo cual, desde su criterio, violó la garantía de defensa.
“Probidad requiere que en 15 días presente la documentación que está en mi poder para dar cumplimiento total de mis declaraciones juradas de patrimonio. Ellos debieron concluir el procedimiento correspondiente”, se defendió López Cardoza.
Bajo este criterio, el diputado de GANA y primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dijo en una entrevista televisiva que se realizó “un mal procedimiento” en el caso de su colega.
“Se le tenían que dar 15 días para presentar pruebas antes de ser mandado a juicio aunque debo enfatizar que el que tenga cuentas pendientes y no pueda justificar aumentos patrimoniales deberá ser castigado”, subrayó Gallegos.
Las investigaciones de Probidad detectaron bienes y fondos que López Cardoza no había incluido en sus declaraciones de patrimonio que entrega al inicio y tras finalizar cada período como diputado. Como medida cautelar, la CSJ congeló los bienes y cuentas bancarias, mientras se sigue el respectivo procedimiento.
Mientras tanto, la segunda vicepresidenta de la Asamblea y legisladora de ARENA, Ana Vilma de Escobar, consideró que la Junta Directiva del Congreso no analizará el caso de López Cardoza por ser de naturaleza individual y que solo se abordará desde la perspectiva institucional, si la FGR o la Cámara de Segunda Instancia lo requiere.
“Nos solidarizamos en lo personal con un diputado que está en problemas, pero no en lo institucional porque institucionalmente no puede la Junta Directiva responder por un tema que le compete a una persona nada más y es una cuestión muy particular, él continuará haciendo las diligencias para responder a las observaciones que le hayan hecho”, valoró la diputada tricolor.
El informe de Probidad dice que López Cardoza contrató créditos que al momento de la declaración patrimonial no habían sido pagados, pero que fueron abonados en poco tiempo antes del vencimiento, durante la gestión 2012-2015 como diputado.
“Existen ingresos que no fueron incorporados en sus declaraciones pero que fueron detectados en la labor de verificación y que tampoco se han podido justificar, sobre todo a nivel bancario y crediticio”, puntualiza la resolución de Probidad.