El diputado Reynaldo López Cardoza no pudo justificar, ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, seis puntos clave que ha llevado al Órgano Judicial a sospechar que el legislador se ha enriquecido de manera ilícita.
De acuerdo con la investigación que se siguió con base a las declaraciones de bienes que presentó López Cardoza de los dos períodos legislativos anteriores (del 1 de mayo 2009 al 30 de abril de 2015) y la presentada al iniciar su actual período legislativo, el diputado no sustentó los hallazgos que le señaló la dependencia de la CSJ.
Tras revisar la información que el diputado declaró al inicio y salida de las legislaturas pasadas, los investigadores detectaron incongruencias en los datos. En vista de eso, le pidieron a López Cardoza que presentara la documentación complementaria a sus declaraciones de patrimonio, pero aun así, los expertos no quedaron conformes y le señalaron los puntos que no subsanó.
Por ejemplo, con la declaración de bienes que hizo al tomar posesión como diputado en el período 2009 a 2012 le hicieron tres observaciones. De esas, López Cardoza evacuó dos, pero una quedó sin explicación y tenía que ver con el origen de los ingresos que le permitían al diputado sufragar los gastos que excedían a sus ingresos; sobre todo, porque el funcionario declaró a Probidad que su esposa no generaba ingresos ni gastos.
En la declaración que presentó en 2012 al comenzar su segundo período como diputado que concluyó en abril de este año, Probidad también le hizo observaciones al diputado. Una de ellas fue que declarara el origen de los fondos que le permitieron invertir en el inmueble que él tenía en Antiguo Cuscatlán desde 2011, porque no reflejaba ninguna deuda hipotecaria sobre esa propiedad.
El legislador presentó información que complementaba su declaración y argumentó que sus ingresos en el año que compró esa vivienda le permitían adquirirla sin tener que hacer un préstamo.
De acuerdo con la investigación, la Sección de Probidad de la CSJ también verificó la información que proporcionó el legislador en cada declaración con diferentes entidades de gobierno y privadas.
Pese a eso, hubo hallazgos y observaciones que López Cardoza no sustentó. En vista de ello, la Corte Plena emitió una resolución el pasado 6 de octubre en la que ordenó abrir un juicio al diputado por sospechas de enriquecimiento ilícito.
El proceso deberá ser promovido por la Fiscalía General, pero si eso no ocurre, la CSJ dejó planteada otra salida. “Mientras la Fiscalía General de la República no decida promover el ejercicio de la referida acción o cuando sea evidente que no lo hará, corresponderá a la Cámara de lo Civil competente resguardar esos bienes para establecer si, conforme a lo que se determine en el juicio por enriquecimiento ilícito, es procedente su devolución o restitución al Estado”, reza la resolución.
López Cardoza ha asegurado que tiene las pruebas para defenderse. Un día después del fallo judicial, el diputado difundió un comunicado en el que afirmaba que el mismo día de la resolución recibió una nota en la que la Corte le informa del cumplimiento parcial de su declaración y que le pedía presentar información adicional para subsanar varias observaciones. Le daba un plazo de 15 días.
López Cardoza indicaba que “con la presentación de la información requerida y la correspondiente explicación” tendría la oportunidad de “evacuar tales inconsistencias”. Y que antes de pedir abrir un juicio en su contra Probidad debió concluir con el examen total de sus declaraciones.