A pesar de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y un ente que se encargue de su cumplimiento, el ejercicio de transparencia gubernamental en el país debe de ser, a juicio del secretario general de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sánchez, un instrumento contra la corrupción y de control social a favor de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Sánchez, de nacionalidad chilena, fue invitado a un conversatorio por el Grupo Promotor de la LAIP y enfatizó en la necesidad de incluir en la Constitución de la República el derecho humano al acceso la información para garantizar su cumplimiento bajo estándares internacionales en la materia.
“Este punto permitirá a los Estados ofrecer más garantías para que toda información de carácter público no sea denegada por intereses políticos o particulares. Además ayudará a que la población vea estos mecanismos de transparencia desde una óptica de derechos humanos”, insistió Sánchez.
Por ello recordó que aunque la transparencia también parte del ejercicio del mismo Estado (y que hay casos donde debe existir confidencialidad) no es coherente que en cada institución existan herramientas para acercar la información al ciudadano y exista un abuso de las reservas de información con criterios “discrecionales”.
“Debe de existir un balance, un equilibrio, entre el acceso a la información y la privacidad o la seguridad nacional, sabemos que no es fácil para los gobiernos abrir sus archivos porque hay muchos casos sensibles, pero ese debe ser un paso para tener sociedades más democráticas”, valoró Sánchez.
En este sentido, el director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), indicó que el Grupo Promotor está preparando una propuesta de reformas a la LAIP relacionadas con los puntos relacionados con las reservas de información, aspecto en el cual han observado un abuso por parte de varios ministerios y entidades autónomas.
“Tenemos una ley, un Instituto que vela por su cumplimiento, pero lamentablemente hay mucha información reservada sin un criterio claro o que las instituciones buscan a la Sala de lo Contencioso Administrativo (de la CSJ) para no entregar archivos de interés público”, detalló Castro.
Por su parte el coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC), Roberto Burgos, dijo que en el país hay una concepción de derecho a la información “muy pasivo” y que la corrupción, en algunos sectores, es vista como algo socialmente aceptable.
“No podemos tener diputados como Reynaldo (López) Cardoza que llegan día a día a su curul y que tienen muchas irregularidades en su declaración patrimonial, hoy es muy necesaria la crítica ciudadana, es legítima y válida para mejorar el país”, puntualizó Burgos.
Sánchez subrayó que la sociedad civil también debe exigir una agenda de datos abiertos, lo cual permitirá rastrear toda la información gubernamental y no solo entregar cifras o datos asilados en las solicitudes.