La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro abrió ayer el proceso judicial en contra del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López por supuesto enriquecimiento ilícito detectado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la resolución los magistrados de la Cámara emplazan a la Fiscalía General de la República para que en un plazo de 20 días, luego de ser notificada, designe a un fiscal que presente la acusación formal contra el diputado López Cardoza y su cónyuge.
El tribunal superior argumenta que hay indicios de enriquecimiento ilícito por parte del legislador debido a que a pesar de que este declaró que su esposa no generaba ingresos ni gastos, había realizado varios depósitos a plazo fijo que ascienden a 220 mil y 85 mil dólares respectivamente, así como incoherencia en los bienes adquiridos y los ingresos del legislador que no eran suficientes para adquirirlos.
La Cámara señala que será ella misma la que someterá a juicio al diputado y su esposa, a raíz de que tiene conocimiento que el juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán “tiene una fuerte carga laboral”, pero además porque la persona investigada es un funcionario de elección popular y son actos procesales importantes que tienen por finalidad impartir una pronta y cumplida justicia.
De acuerdo con la Fiscalía General, la investigación se enfocará en determinar el origen de $1.3 millones de dólares del parlamentario, ya que, según informe de la Sección de Probidad, no están justificados y no concuerdan los ingresos del legislador con los bienes que posee y movimientos económicos en sus cuentas.
En la misma resolución, los magistrados de la Cámara han ordenado al Registro Nacional de las Personas Naturales que en un plazo de 10 días hábiles notifiquen la dirección conocida a Alma Yaneth Gutiérrez de López, esposa del diputado, para que sea notificada de las acusaciones y juicio que se le sigue para garantizar su derecho de audiencia y defensa.
Además, la Cámara ordenó al Centro Nacional de Registros que en un plazo de 10 días hábiles informe si ya realizó el embargo preventivo ordenada por la Corte Suprema de Justicia en las propiedades del diputado situadas en Guazapa, Antiguo Cuscatlán, los Planes de Renderos; barrio San Jacinto, en San Salvador; hacienda Cuyagualo, en La Libertad; El Paraíso y en Dulce Nombre de María, ambos del departamento de Chalatenango.
Por otra parte, la Cámara notificó a dos bancos para que un plazo de 10 días informe si ya inmovilizaron tres cuentas bancarias a nombre de Alma Yaneth Gutiérrez de López y Reynaldo Antonio López Cardoza tal como fue estipulado en la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados advierten a las instituciones bancarias mencionadas que si aún no han congelado las cuentas, deben informar por qué no lo han hecho.
A partir de esta resolución, se cuenta con un plazo de 20 días para realizar una audiencia preparatoria. Una vez realizada la diligencia, tanto el diputado como su esposa serán notificados para que en un nuevo plazo de 20 días contesten a la demanda.
El juicio contra el diputado Reynaldo López Cardoza surgió luego que un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó incongruencias en la declaración de probidad del legislador.
El informe de Probidad fue conocido por los magistrados en la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 6 de octubre, quienes de inmediato acordaron que se iniciará un juicio contra el diputado por supuesto enriquecimiento ilícito y remitieron el caso a la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro.
Diputado se defiende
El lunes, el diputado López Cardoza se presentó a sus labores a la Asamblea Legislativa y se defendió de los señalamientos, declaró que todo puedo deberse a un “error de humanos, tal vez en la llenada de la declaración, podría haber sido”.
El parlamentario aseguró que cuenta con las pruebas “para desvanecer” las acusaciones en su contra; sin embargo, a la fecha no ha presentado ningún documento que sustente sus declaraciones.
López Cardoza mediante un comunicado también acusó a la Corte Suprema de Justicia de “manejar de manera irresponsable la información por su caso”.
Argumentó que el máximo tribunal de justicia ha vulnerado su derecho de defensa y ha afectado su imagen y la de su familia con los señalamientos hechos por la Sección de Probidad de la Corte Suprema.
Diputados seguros que se defenderá
El diputado Antonio Almendáriz, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, afirmó que tuvo acceso a la información con la que el diputado Reynaldo López Cardoza asegura que puede demostrar su inocencia.
“Para que no exista la corrupción y los casos que se muestren, sean judicializados y llevados a feliz término, nos alegra que estén funcionando las instituciones”, dijo Almendáriz.
Agregó que cree en la inocencia de López Cardoza, pero serán las instituciones las que se deben encargar de aclarar la situación, ante los tribunales correspondientes.
“(López Cardoza dice) Por qué me acusaron antes de haber seguido con el procedimiento que la sección de probidad establece”, mencionó Almendáriz.
El diputado de ARENA_Norman Quijano, también miembro de Junta Directiva de la Asamblea, aclaró que como funcionarios públicos deben darle seguimiento al caso.
“Este es un caso inédito en la vida nacional, porque han habido diputados que a veces por estar involucrados en temas de narcotráfico, pero esto surge de la sección de Probidad. No obstante que es una ley obsoleta y de hecho se está discutiendo una nueva, pues con esa ley obsoleta, se ha demostrado que cuando se quiere hacer cumplir la ley, se puede”, afirmó Quijano.
Aclaró que espera que las instituciones cumplan su cometido, que den las garantías de audiencia, que una personas que es encausada a hacia una instancia de este tipo judicial se merece.
“En caso de que llegue un oficio a la Junta Directiva, nuestra obligación será trasladarlo al plenario legislativo y estar atentos y darle seguimiento”, afirmó.
Cómo Asamblea si hay un requerimiento de tipo penal por parte de la Fiscalía General de la República, será dicha institución la que tiene que adjuntar las pruebas y será la Asamblea Legislativa la que va a decidir si se inicia un proceso de antejuicio a un diputado.