No menos de 25 ofendidos por las vinculaciones que les hicieron con la narcorganización que operaba en la zona Occidental ratificaron sus declaraciones de víctimas ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad.
Los declarantes fueron citados por el referido tribunal para que ratificaran lo dicho en la Fiscalía General y donde se declararon ofendidos al ligarlos con una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el Occidente del país. Entre los ofendidos figuran empresarios, comerciantes, jefes policiales, fiscales, jueces, y hasta políticos.
Los declarantes manifestaron que las publicaciones de organigramas donde los vinculaban con reconocidos delincuentes y que se hicieron públicas en Internet y a través de un medio digital; les ha dañado su imagen al ligarlos con ese grupo criminal.
Algunos de los ofendidos aseguraron que los cuatro oficiales de la Policía los vincularon con el crimen organizado, sin contar con pruebas, y solo por razones políticas ideológicas, debido a que no comulgan con el pensamiento izquierdista.
Además se reservaron el derecho de demandarlos ante un tribunal de justicia para exigirles una indemnización económica por el daño hecho a la imagen de cada uno de los ofendidos. Lo que cuestionaron los ofendidos es que dos abogados de la Unidad Jurídica de la Policía son los defensores de los cuatro oficiales policiales, lo que puede considerarse como un abuso porque ellos no son procesados por hechos que hayan cometido en el cumplimiento del servicio.
También se quejaron de que las autoridades disciplinarias de la Policía como la Inspectoría General no hayan abierto un proceso disciplinario a los oficiales procesados judicialmente.
Jefe CIP desconfiaba de oficiales
La jefatura del Centro de Inteligencia Policial (CIP) no les tenía confianza al subcomisionado Jaime Orlando Díaz Rodríguez, ni al inspector Jorge Ovidio Cornejo Durán por considerar que hacían un “uso irresponsable” de la información que obtenían sus equipos de investigadores.
Sin embargo, pese a la falta de confianza hacia los dos oficiales, las autoridades de la Policía en ningún momento los separaron de sus cargos.
Lo anterior se desprende de las declaraciones de testigos plasmadas en el requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
En el relato de los hechos que hace el ente fiscal se señala que la desconfianza que el jefe del CIP Edgar Lizama les tenía a los dos oficiales mencionados, fue manifestada por este último en varias reuniones de trabajo que sostenía con sus subalternos.
En más de alguna ocasión, el comisionado Lizama le realizó “reiteradas llamadas de atención al sargento O. V., para que la información que obtuviera no la compartiera con “el señor Cornejo Durán, ni con el inspector jefe Jaime Orlando Díaz Rodríguez”.
Destaca el requerimiento fiscal que el llamado de atención que el hizo Lizama al sargento O. V., fue porque “estos mandos le decía que hacían un uso irresponsable de la información; lo cual fue presenciado por el testigo Napoleón A. L., quien fungía como jefe del Departamento de Análisis del Centro de Inteligencia Policial”.
La información relacionada al narcotráfico en las zonas Occidental y Central del país había sido recabada a finales del año 2008 y principios del 2009, cuyo informe fue denominado “El Pulpo”.
Señalan los testigos que esta información fue manipulada para publicarla en Internet. Los responsables de haber recabada esta información fueron el sargento Mercedes Antonio García Sánchez, quien en ese entonces era el jefe de la unidad de Inteligencia en la zona Central. También era responsable de recabar esa información sobre el narcotráfico el subinspector Miguel Ángel Artero Durán, por ser el jefe de Inteligencia de la zona Occidental.
Ellos eran los encargados de proporcionar esa información sobre el narcotráfico en sus zonas de responsabilidad al Departamento de Análisis del CIP. Sin embargo, a mediados del 2009, los dos dejaron de proporcionar la información sobre narcotráfico que obtenían de sus fuentes al referido departamento.
Por el contrario, en vez de pasarla al respectivo departamento para su análisis, ellos sostenían reuniones directas con Cornejo Durán y Díaz Rodríguez con “quienes trataban el tema del narcotráfico en El Salvador”, según el requerimiento fiscal..