La Fiscalía le quedan 12 días hábiles para documentar el caso que le refirió la Corte Suprema de Justicia a fin de sustentar la acusación que interpondría en la Cámara Segunda de lo Civil.
Si la primer notificación de la Corte al diputado López Cardoza fue el 6 de octubre, la Fiscalía ya agotó ocho días hábiles, contados a partir del 7 para desarrollar su investigación y solo le quedarían 12 día más para documentar el proceso.
Ayer un vocero de prensa de la Fiscalía General no quiso adelantar, si ya había sido asignado un fiscal o un grupo para realizar la investigación, que fundamente el posible enriquecimiento ilícito del diputado Reynaldo López Cardoza y su esposa.
Para la Corte Suprema de Justicia el diputado López Cardoza ha tenido la oportunidad para presentar de forma completa, veraz y sustentada objetivamente sus declaraciones patrimoniales, pero no lo ha hecho.
La sección de Probidad de la Corte le pidió al diputado que documentara la inversión realizada en un inmueble ubicada en Los Planes de Renderos, determinara la extensión superficial del mismo, el valor estimado y el tipo de construcción en un terreno situado en Antiguo Cuscatlán antes de la inversión realizada por el arrendatario.
También debió declarar la procedencia de los fondos para costear el excedente de cuotas de amortización de un crédito hipotecario con un banco y su cancelación antes del vencimiento al plazo estipulado.
Le demandaron también los comprobantes de abonos realizados por Rivera Monge S.A. de C.V. para la amortización mensual de sus créditos hipotecarios durante la vigencia de un contrato de arrendamiento.
“Como puede advertirse, las observaciones anteriores no se refieren a las irregularidad encontradas, de las cuales se extrajeron indicios de enriquecimiento ilícito, tal como se sostuvo en la resolución emitida por esta Corte, el 6 de octubre de este año y los cuales subsisten”, indica la resolución de los magistrados de la Corte en Pleno.
Agregaron que los inmuebles adquiridos fueron comprados a precios “particularmente bajos, en relación con su ubicación, extensión y sobre todo con el valor que dos o tres años después ha declarado de los mismos diputados, además fueron adquiridos sin advertir el origen de los fondos, sin verificar transacciones bancarias que respalden su compra.
La Corte aclara, que el diputado puede presentar los recursos para su defensa ante la instancia que lo juzgaría.