El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no solo ratificó su decisión de que se entreguen las auditorías realizadas a las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes de la República, sino que también dio un ultimátum a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que a más tardar el 21 de diciembre de 2015 entregue esos documentos a los peticionarios.
La decisión del Instituto fue conocida tras una audiencia especial realizada ayer en la que el jefe de dicha sección, Carlos Pineda, fue interrogado tanto por los comisionados como por los representantes de la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
El comisionado Jaime Campos fue el encargado de hacer las preguntas a Pineda, las cuales iban encaminadas a determinar por qué la Corte decidió no entregar los exámenes a las declaraciones patrimoniales de los exmandatarios Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.
La Corte determinó que no se entregarían copias de las auditorías a Funde-ALAC porque contienen opiniones preliminares sobre “la verificación de las declaraciones juradas de patrimonios” de los exmandatarios y porque se puede poner en riesgo “las líneas de verificación de las mismas”.
Pineda confirmó a los comisionados que ese informe final, solicitado por Funde-ALAC, es el que está en proceso deliberativo y por eso no lo podían entregar en la fecha fijada inicialmente por el IAIP.
Campos preguntó al jefe de Probidad cuánto es el tiempo que tardan en realizar estas diligencias, a lo que respondió que dependía de los casos.
El comisionado también preguntó cuánto habían tardado en presentar el informe final a la Corte Plena sobre el caso del diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza, y Pineda contestó que aproximadamente entre dos y tres meses.
Agregó que tras la resolución del IAIP en la que les ordenaban hacer público el informe patrimonial del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, el trabajo para la sección se ha incrementado, a tal punto que les queda poco tiempo para dedicarlo a sus funciones orgánicas.
En ese sentido, informó que tienen 5,982 solicitudes de información solo de declaraciones patrimoniales de funcionarios. Recalcó que es trabajo extra el que se hace cuando solicitan las declaraciones públicas, pues no solo se “sacan fotocopias” sino que deben extraer la información confidencial y procesarla para elaborar una versión pública.
Asimismo, dijo que hasta 2015 tienen 10,102 expedientes de funcionarios públicos por analizar.
En la audiencia especial, el jefe de Probidad afirmó que tienen 13 casos que están deliberando. Confirmó que uno de esos era el del diputado López Cardoza.
Tras la audiencia, se le cuestionó sobre qué otros casos tienen en análisis, pero Pineda se negó a dar detalles aduciendo que se puede entorpecer el proceso, debido a que no en todos se han encontrado irregularidades. Incluso, se preguntó si entre ellos se encontraba el del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, pero no lo confirmó (ver más información en la siguiente página).
Lo único que se limitó a decir es que tienen en análisis casos de funcionarios de los tres poderes del Estado, además de los expedientes de los expresidentes Flores, Saca y Funes.
“Lo que sucede es que en algunos de los servidores que estamos a punto de terminar, en algunos no hemos encontrado alguna irregularidad que pueda contemplarse como algún indicio. Los demás estamos en espera de que algunas instituciones bancarias y otras del Gobierno a las que se ha solicitado información no ha sido enviada a nuestra oficina para poder procesarla y determinar si hay irregularidades”, explicó.
Desde febrero de 2014, un mes después de que Corte Plena regresó las atribuciones a Probidad, comenzaron a solicitar información al sistema financiero.
El mismo Pineda reconoce que anteriormente no se proporcionaba la información sobre las declaraciones al patrimonio de los funcionarios por el criterio de la reserva, pero tras la resolución del IAIP eso fue modificado.
Aseguró que debido al incremento laboral han tenido un pequeño refuerzo de un contador y un abogado, pero que no es suficiente.
De las 23 personas que integran actualmente la sección, cinco son los auditores que hay para analizar los más de 10 mil expedientes.
“Tenemos un abogado y un auditor más pero no es suficiente. Falta poco más de refuerzo”, explicó Pineda, quien además añadió que están acomodando físicamente a este personal para que pueda desempeñar sus labores como corresponde.
Por su parte, Roberto Burgos, coordinador de Funde-ALAC, expresó que han insistido en conocer el resultado de estas auditorías, ya que Probidad, en casi dos años de haber recuperado las facultades para solicitar información al sistema financiero, solo tiene en etapa final 13 casos y de los cuales no todos tienen hallazgos.
“Por esos estamos insistiendo porque queremos ver resultados, queremos que se sancionen a los corruptos y que se investigue el patrimonio desmesurado de funcionarios que sale de la administración como millonarios”, manifestó.
Durante la audiencia, Burgos dijo que no entendían por qué no les entregan la información, sobre todo porque en el expediente del expresidente Flores, en el caso de detectar hallazgos, ya estos han prescrito (caducado) y en el caso de Saca, una parte de su periodo también no podría tener seguimiento judicial.
La ley establece como máximo de 10 años para que concluya el proceso de un delito o ilícito.
Tras concluida la audiencia, el comisionado Campos pidió a la representación de la CSJ, que además de Pineda estaban presentes el representante legal de la CSJ, Jorge Andrés Siliézar, y el oficial de información, Luis Fernando Avelar, que sugirieran un plazo para la entrega de la misma.
Avelar respondió que mejor fuera el tribunal el que definiera el plazo, pues argumentó que depende de la dimensión y agilidad con que les envíen datos de las instituciones a las que se la solicitaron para definir tiempo y concluir el análisis de las declaraciones de los expresidentes.
Pero Burgos y su colega Xenia Hernández solicitaron el plazo de dos meses para que Probidad les entregue los documentos.
Al final de la audiencia, el comisionado Campos notificó la decisión de dar dos meses como plazo final para que la CSJ entregue dicha documentación a la Funde-ALAC.
“Desde que ordenamos la entrega de la información es pública y es responsabilidad de los apelantes el uso”, agregó el comisionado.
El presidente de la Corte Suprema, Óscar Pineda Navas, expresó sobre no es que se haya negado entregar los exámenes, sino que no existían y se ordenó a Probidad que los iniciara.
“Cuando se solicitó lo que se dijo es: de momento no la tenemos, no tenemos la información, pero se ordenó inmediatamente a la sección de Probidad que iniciara eso y al estar listas se entregarán”, afirmó.