La firma para el acuerdo de arreglo directo entre el Gobierno y la empresa Astaldi por $108.5 millones, pese a que dejó abandonada la obra de la presa hidroeléctrica El Chaparral, fue avalada por el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour, y cinco directores más, entre ellos dos suplentes, según detalla el acta de sesión 3521 celebrada el 5 de junio de 2012.
La autorización para que la CEL suscribiera el arreglo con la empresa fue firmado, además de Samour, por el director ejecutivo, Jaime Eduardo Contreras Lemus, y los directores propietarios Eric David Schwank Martínez y Tom Hawk, así como los directores suplentes Rubén Ernesto Rivas Castro y Julio Alberto Olano Noyola, según se desprende del documento entregado por la CEL a los exdiputados de ARENA, Mario Valiente y Mariela Peña Pinto.
Entre los directores que pidieron ser sustituidos están el ahora presidente de la CEL, David López Villafuerte y Manuel Fermín Oliva.
“CEL dice que me entreguen la información porque se establece en el acta que él (Villafuerte) no firmó el acuerdo”, interpretó el otrora diputado Valiente.
Es más, en la notificación que el oficial de información de la CEL entregó al exlegislador se detalla que entre los informes está el acta de sesión donde se autoriza el pago del monto acordado entre ambas partes, en la cual constan los nombres de las personas que “exclusivamente” tomaron la decisión de autorizar a Samour para suscribir el acuerdo con Astaldi.
Según el exdiputado, el pago de los $108.5 millones, que equivaldría a un 50 % de la obra cuando solo se había reportado un avance del 29.28 %, merece una investigación a fondo. La obra estaba valorada en $219 millones.
Por ello, detalló que tiene previsto presentar una demanda, pero aún no tiene claro si será contra el Estado o los directores de la autónoma, ni tampoco ha determinado a qué instancia judicial acudirá.
El informe que recibió Valiente detalla que en la sesión del 5 de junio 2012 se autorizó a Samour para suscribir “el documento” donde se había establecido el pago de $108.5 millones “como vía de arreglo directo” del contrato “llave en mano” 4143-S para la construcción de la obra.
Asimismo, explica que la autónoma negoció la cantidad del pago a la empresa, proponiendo en un inicio $105 millones, menos la deducción de las cantidades pagadas en concepto de avance y construcción de la obra.
En dicha acta, además, se registra que la última propuesta de Astaldi fue de $120 millones, monto que la CEL no aceptó, por lo que la empresa concluyó con la oferta de $108.5 millones como cantidad mínima autorizada por su casa matriz.
También se detalla que los asesores legales de la CEL le recomendaron aceptar la oferta presentada por Astaldi, con lo cual “se evitarían litigios” que llevaran a mayores gastos para el Estado.
De hecho, el expresidente Mauricio Funes defendió públicamente el acuerdo, en octubre de 2013, argumentando que era más adecuado haberlo suscrito para evitar que el caso llegara a un tribunal internacional.
No obstante, según señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en los contratos “llave en mano” como el de la construcción de El Chaparral, la obra tenía que ser entregada en su totalidad y solo se paga por los trabajos ejecutados.
Un informe de supervisión interna de la CEL indicó que únicamente se construyó el 29.28 % de la presa.
Sin embargo, en la negociación que hicieron ambas partes hubo una sobreestimación del 8.71 %, pues el arreglo entre el gobierno y la constructora italiana señalaba que a julio de 2012 el valor de El Chaparral ascendía a un 38 %, lo cual refleja un pago sobreestimado de $28.7 millones.
Tal como lo señalan otros documentos entregados a los exlegisladores por parte de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL , la autónoma utilizó dos informes de la Corte de Cuentas de la República para respaldar el arreglo con Astaldi.
Uno de los informes, del 28 de junio de 2012, indica que el Artículo 95 de la LACAP advierte que culminar un contrato conlleva reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados.
El otro documento, del 5 de julio (seis días antes de que se firmara el acuerdo final), la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de pagar los $108.5 millones.