La presidenta de la Asamblea Legislativa, la efemelenista Lorena Peña, aseveró ayer que todos los funcionarios, ya sean diputados, alcaldes, concejales o expresidentes deben ser investigados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y que las indagaciones no deben ser dirigidas a una sola persona.
“A todos los diputados, no sólo a (Sigfrido) Reyes tienen que verificar sus finiquitos; eso es normal, ellos tienen que verificar a todos. Parece ser que han comenzado con la R, que los verifiquen a ellos y a todos”, externó Peña sobre la investigación que Probidad hace de la declaración de bienes de Reyes.
En el mismo sentido se expresaron diputados de otros partidos, luego de ser consultados sobre el análisis de los informes de bienes de 13 funcionarios que hace la dependencia de la Corte. Los políticos admiten que están en la obligación de rendir cuentas claras de sus ingresos antes y después de dejar sus cargos públicos.
El jefe de Probidad, Carlos Pineda, confirmó el miércoles que están analizando 13 casos de declaraciones patrimoniales de diversos funcionarios, entre ellos el del diputado del PCN por Chalatenango, Reynaldo López Cardoza.
De hecho, la Corte ha pedido abrir un juicio a López Cardoza por sospechas de enriquecimiento ilícito y la Cámara Segunda de lo Civil decidió abrir un proceso al legislador. Mientras que la Fiscalía solo ha anunciado que abrió un expediente en ese caso, pero aún no ha dicho si pedirá el antejuicio del funcionario.
Los diputados han afirmado que están a la espera de que la Fiscalía haga la petición de desafuero.
En el caso de Reyes fue el presidente de la Corte Suprema, Armando Pineda Navas, quien confirmó que tienen en la mira el informe de bienes del expresidente de la Asamblea y actual presidente del organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).
Reyes presidió el congreso durante cuatro años y medio. Al iniciar como diputado en 2006 reportó un patrimonio de $327,990.10, pero al finalizar el período legislativo 2012-2015, el farabundista triplicó su patrimonio y se elevó a $1,045,055.90, lo que representa un crecimiento del 218%.
“Probidad tiene la obligación de pedir y verificar los finiquitos de una gama de funcionarios públicos, tiene la obligación de ver los finiquitos de los presidentes, todos los diputados y diputadas propietarios y suplentes, de alcaldes y de concejos municipales, es parte del trabajo”, señaló Peña.
Su colega Mario Ponce, del PCN, opinó que así debe de ser el ejercicio de todos los funcionarios.
“Desde el momento en que existe una ley de probidad, todos están sujetos a declarar antes y después de salir del cargo; no es que hagamos una dedicatoria para funcionarios x, y, z, la institucionalidad tiene que funcionar y todos tenemos que cumplir la ley”, afirmó Ponce.
El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, manifestó que su partido no tiene ningún problema en que Probidad los investigue.
Recientemente, Probidad también dio a conocer la declaración de bienes del diputado de GANA por La Paz, Jesús Grande, quien ha reportado ingresos de $1 millón por año.
“Es bueno eso, porque muchas veces no se conoce cuál es el patrimonio real de los funcionarios públicos, en este caso los diputados de la Asamblea Legislativa. Nosotros no tenemos ningún problema que salga a luz los bienes que tengan los diputados o cualquier otro funcionario que haya actuado en su tiempo de funciones, cada quien ha tenido que defender su patrimonio; en nuestro caso el diputado Jesús Grande explicó cómo había obtenido su patrimonio”, dijo Vásquez al ser consultado.