Marcos Rodríguez dijo no estar dispuesto a conciliar

El secretario de Transparencia insistió en que es importante un debate público entre las partes.

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La resolución del juicio será conocida el próximo martes.

Por Stanley Luna

2015-10-26 9:00:00

El Tribunal Tercero de Sentencia programó para el 6 de noviembre, la audiencia de conciliación entre Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y Ana Vilma de Escobar, diputada del partido Arena. 

La decisión fue tomada este lunes, luego  que el Tribunal  citara a  la parte acusada: Marcos Rodríguez, quien se presentó junto a su defensora, Bertha María de León, para  ser  informados sobre el proceso judicial y  sobre sus derechos. 

“No creo que la conciliación sea la salida más adecuada para esta situación, creo que es importante que haya un debate público”, manifestó el Secretario. 

Rodríguez dijo estar inconforme en admitir  no haber concedido el derecho de respuesta a De Escobar, debido a las invitaciones que  le ha hecho a debatir públicamente.

Argumentó que la diputada no había ejercido en ningún  momento ese derecho antes realizar la demanda. 

También señaló que su posición ante las acusaciones “es algo que va a fluir a lo largo del juicio” y que va a encarar el proceso con una defensa financiada por él mismo, sin usar fondos públicos para tal fin. 

De León expresó que en caso que a Rodríguez se le determine responsabilidad en los delitos de los cuales ha sido acusado, su pena será en días multas, que consiste en el pago de un monto económico. Además, que el proceso judicial podría tener una duración de dos meses. 

Si las partes no logran conciliar, el Tribunal señalará una audiencia de aportación de pruebas para que estas presenten argumentos. Luego se programaría un juicio. 

La demanda

El secretario de Transparencia fue demandado por la parlamentaria tricolor el pasado 14 de octubre por los delitos de calumnia y difamación. Esta demanda fue admitida dos días después. 

De acuerdo con De Escobar, el funcionario público la ha acusado de supuestas irregularidades en la administración del Fideicomiso para la Creación de Empleos en el Sector Productivo (FECEPE), cuando la diputada ejerció el cargo de vicepresidenta.   

La parlamentaria arenera manifestó en su momento que a pesar que el FECEPE ya había caducado, se hizo un examen y no se encontró nada en su contra.